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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 15/09/2025 14:11
Abrir la canilla y que salga agua limpia parece un gesto simple, casi automático. Sin embargo, el Gobierno redujo al mínimo en 20 años los fondos para obras de agua potable y cloacas, dejando a millones de personas frente al riesgo de perder un derecho tan elemental como invisible. Hoy, la política de ajuste del primer presidente liberal libertario de la historia universal, como se jacta Javier Milei de serlo, llevó el presupuesto nacional para estas obras a su piso histórico, con recortes que golpean especialmente a la provincia más poblada del país: Buenos Aires. En los barrios donde las napas se contaminan y las cloacas nunca llegaron, el recorte en agua y saneamiento suena como una condena más. Entre 2024 y 2025, la inversión nacional cayó a su nivel más bajo en dos décadas, justo cuando más falta hace, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). ACIJ analizó el financiamiento nacional para obras de agua potable y alcantarillado, y detectó que estos programas atravesaron un retroceso histórico: en 2024 y 2025. En Argentina, más de 6 millones de personas viven sin baño. Esto incrementa el riesgo de diarreas, infecciones, parasitosis y problemas de piel, y genera además barreras sociales y comunitarias. Cada año se reportan 1 millón de casos de diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil. El 40% podría prevenirse con el lavado de manos, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Especialistas en políticas sanitarias, infraestructura y agua coincidieron en que esta caída presupuestaria no es un problema técnico menor, sino que produce efectos acumulativos graves. En un estudio reciente del Conicet, la investigadora doctora en Ciencias Sociales Verónica Cáceres advirtió que la falta de obras de expansión y la concentración de inversiones en zonas rentables dejó a hogares de menores ingresos sin acceso al saneamiento, lo que multiplicó los riesgos de enfermedades en barrios populares. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre gobernanza del agua en Argentina, “garantizar la seguridad del agua a largo plazo es esencial para adaptarse al cambio climático, y lograr un desarrollo inclusivo y sustentable”. Aclaran que eso exige planificación eficaz, financiamiento estable, coordinación multinivel entre jurisdicciones, y una institucionalidad capaz de sostener proyectos más allá de los ciclos políticos. Organizaciones sociales también se manifestaron. En el Observatorio Ciudad señalaron que “en la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares… La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada”. Los riesgos concretos que advirtieron los especialistas • Aumento de enfermedades vinculadas al agua sucia o cloacas sin tratamiento, como diarreas, leptospirosis y otras infecciones gastrointestinales. • Impactos diferenciados en barrios vulnerables, asentamientos informales y zonas periurbanas que ya enfrentan precariedad en infraestructura. • Pérdidas hídricas crecientes y desperdicio de recursos que agravan la crisis del agua en regiones secas o semiáridas. • Deterioro de redes existentes por falta de mantenimiento, que luego demandará costos mucho mayores para recuperar. • Amenaza al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 6 (agua y saneamiento para todos). Desde la economía política del agua se remarcó que, sin financiamiento constante y regulaciones claras, los proyectos se planifican a corto plazo, con falta de previsibilidad para las provincias y los municipios. El trabajo “Economía política de la política de agua y saneamiento en la Argentina” elaborado por Carlos H. Acuña y colaboradores señaló que “la falta de ley marco de agua y saneamiento que fije políticas y criterios comunes” ha sido un obstáculo permanente para la sostenibilidad de las políticas. En la provincia de Buenos Aires, donde viven decenas de municipios con déficit en infraestructura sanitaria, la escasez presupuestaria puede traducirse en riesgos reales: inundaciones más frecuentes, contaminación de napas, ampliación de enfermedades, degradación ambiental y mayores costos indirectos para los hogares (agua embotellada, remedios, ausentismo laboral). El gobierno actual invocó el equilibrio fiscal como justificación principal para los recortes. Sin embargo, según los expertos, recortar en saneamiento no solo compromete derechos básicos sino que también puede generar gastos futuros mucho mayores (hospitalizaciones, limpieza de cuencas, mitigación de contaminación) que podrían sobrepasar lo que se ahorra hoy. (Fuente: elDiarioAr)
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