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» Diario Cordoba
Fecha: 15/09/2025 12:06
El próximo 31 de diciembre, dentro de apenas tres meses, finaliza el plan estatal de vivienda 2022-2025 que en el caso de Andalucía ha supuesto una inversión de 320 millones de euros. A partir de ahí se abre un escenario de incertidumbre en cuanto a la planificación de nuevos proyectos en la comunidad autónoma dadas las complejas negociaciones entre el Ministerio y las regiones gobernadas por el PP. En caso de que no haya acuerdo podría haber un parón en la tramitación de nuevos proyectos públicos de promoción o rehabilitación de viviendas en la comunidad autónoma. Desde el pasado 15 de julio la Junta de Andalucía tiene sobre su mesa una propuesta firmada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El planteamiento, que se basa en el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última conferencia de presidentes, consiste alcanzar los 1.130 millones de euros para un plan que se prolongue durante cinco años. Pero como condición básica establece que el Estado aportaría el 60% de esta inversión y la Junta de Andalucía el 40% restante. Es la misma proporción que se ofrece a todas las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía supone en la práctica un esfuerzo presupuestario de envergadura para la Junta: En el actual plan de vivienda (con un periodo de cuatro años) la aportación autonómica ha sido de 74 millones de euros (un 23% del total) y para alcanzar las cifras que requiere el nuevo plan estatal tendría que multiplicar por seis esta inversión hasta alcanzar los 455,8 millones de euros (el 40% del total). La Junta no ha respondido formalmente a esta propuesta. Pero la posición de la Consejería de Vivienda es contraria a este planteamiento: "La propuesta del Ministerio plantea que el Gobierno de España duplique su inversión y la nuestra se multiplique por seis. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que defender el interés general de todos los andaluces. Ya no les basta con la infrafinanciación a Andalucía de 1.500 millones todos los años sino que además nos hacen este planteamiento", explica la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz. Vivienda protegida blindada Este marco de cofinanciación no es el único requisito planteado por el Ministerio de Vivienda en el nuevo plan estatal. La otra gran exigencia era el blindaje de las VPO con ayudas públicas de forma que tuvieran protección permanente y no se pudieran descalificar para venderlas en el mercado de renta libre. En este caso Andalucía sí ha dado un paso claro en el nuevo proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Gobierno el pasado miércoles. El artículo 56.2 establece la siguiente consideración: "Las viviendas protegidas promovidas por las administraciones públicas financiadas con ayudas públicas y cuyo destino sea el parque público de viviendas tendrán una duración del régimen de protección permanente". Además, el artículo 84 recoge que "en ningún caso procede la descalificación de las viviendas protegidas promovidas directamente por la administración y financiadas por fondos públicos". Y, por último, subraya que en cualquier caso si se produce una venta en el mercado libre deberá "devolver todas las ayudas públicas que hubiera recibido el titular de la vivienda". Se trata de los términos que el Ministerio de Vivienda reclamaba. El modelo escogido por Andalucía es muy similar al planteado por otras comunidades en sus revisiones legislativas como es el caso de Galicia. No obstante, y como destaca la consejera, este planteamiento no modifica los tiempos establecidos en las promociones ya firmadas que se ajustan a los plazos de descalificación fijados en sus planes correspondientes, de 7, 20 o incluso 50 años. Así lo recoge la disposición transitoria de la ley andaluza que plantea que no afectará a las promociones ya adjudicadas y entregadas. Falta de diálogo Pero este paso no es suficiente. El necesario el acuerdo en torno a la financiación. Y para ello, la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades gobernadas por el PP, reclama una reunión de la Conferencia Sectorial con todas las comunidades autónomas para renegociar los términos de esta propuesta del plan estatal. "Tenemos que sentarnos a negociar y nos urge porque el actual plan acaba en diciembre", incide la consejera andaluza, quien critica la tardanza en esta negociación. Desde el Ministerio subrayan que la puerta está abierta al diálogo y que ha habido reuniones pero que hay comunidades como Andalucía que de momento rechazan los planteamientos del Gobierno central: "Trabajamos para ofrecer a la ciudadanía un acuerdo amplio, transversal y eficaz para garantizar su acceso a una vivienda digna y asequible y atender así su principal problema. Esta es la principal ocupación del Gobierno de España y confiamos en que el objetivo de triplicar la inversión, proteger la inversión y tener una base de datos públicos sobre el mercado pueda considerarse en todas las comunidades para llegar a un acuerdo estatal, como propuso el presidente del Gobierno en la última Conferencia de Presidentes". Desde la carta remitida a todas las consejerías ha habido encuentros con aquellas comunidades que han dado un paso y han mostrado disposición a avanzar. Ha sido el caso del País Vasco, Asturias o Cataluña. En el caso de Andalucía las conversaciones están de momento estancadas a apenas tres meses de que expire el actual plan de vivienda.
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