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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 15/09/2025 03:58
En la Fiscalía Federal de Paraná, la Dirección Regional Paraná de ARCA-DGI radicó una denuncia formal contra la firma Las 3 E SRL y sus directivos: la concejal de La Libertad Avanza de Paraná Romina Todoni y su hermano Diego Enrique, por presunta evasión agravada tributaria. La acusación se basa en la supuesta utilización de comprobantes apócrifos y “mellizos” para justificar compras y disminuir ilegítimamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante varios períodos fiscales. No es la primera causa que suma la edil que conforma un monobloque en el Concejo Deliberante de Paraná luego de la escisión del bloque libertario: Darío Báez se sumó al interbloque con el oficialismo del PJ. Por la explotación de la chatarrería ubicada en Avenida José Hernández y Churruarín, la fiscal federal de Paraná María Eugenia Wilson tramita una investigación penal por la supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 24.051 que regula la “generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos”, y en la que está bajo la lupa la concejal libertaria Romina Todoni, titular junto a su hermano, Diego Todoni, de la chatarrería de Avenida Circunvalación que gira bajo la denominación comercial de Las 3E SRL. Además, en la Justicia entrerriana el Ministerio Público Fiscal abrió causa por “desobediencia reiterada” a mandatos judiciales a la concejal de Paraná Romina Todoni (La Libertad Avanza), propietaria de la empresa Las 3E SRL, que explota una chatarrería que funciona en Avenida Circunvalación, clausurada por la Justicia. La investigación penal también alcanza al hermano de la edil, Diego Enrique Todon. El caso lo tramita el fiscal Cristian Giunta, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación. La investigación es derivación de una serie de incumplimientos a mandatos judiciales en el marco de un amparo ambiental presentado por vecinos de la chatarrería Todoni. La causa madre es el amparo ambiental que iniciaron vecinos de la chatarrería y que lograron fallo firme para exigir la relocalización de la planta. Pero como la medida ha venido postergánbdose, el juez 11 se conoció los términos de una resolución judicial que dispuso embargar todo el material que se encuentra en el predio e hizo de depositario a la Municipalidad de Paraná para que se inicie finalmente la relocalización del emprendimiento.En el marco del legajo “Barsanti, Liliana Beatriz y Otros c/Municipalidad de Paraná, y Otro s/Acción de amparo (Colectivo)” Nº 12.956, la vocal de la Cámara de Apelaciones II de Paraná Sala I, Gabriela Teresita Mastaglia, resolvió hoy autorizar ”a las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos, mediante los agentes que designen, a realizar el relevamiento técnico de los residuos existentes en la planta de tratamiento y transferencia de residuos de “Las 3E S.R.L.”Además, la jueza dispuso decretar el embargo de los residuos que sean relevados en la planta de tratamiento y transferencia de residuos de “Las 3E S.R.L.” –ubicada en Avda. José Hernández 2561, de Paraná-, designando como depositaria de los mismos a la Municipalidad de Paraná. Mastaglia también libró mandamiento “bajo apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública para el caso de que se impidiera el ingreso de las autoridades antes señaladas”, corriendo traslado a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná “a los fines de que se expidan en el plazo de cinco (5) días de notificadas sobre el nuevo plan de acondicionamiento y traslado de los materiales presentados en fecha 05/08/2025 por “Las 3E S.R.L.”, su viabilidad, utilidad y demás factores que consideren pertinentes para el más rápido cumplimiento de la sentencia”, dictada el 29 de julio de 2024. Otra denuncia Ahora, la nueva denuncia en la Justicia Federal, que dio a conocer el sitio Análisis Digital, se dirige contra la sociedad que explota la chatarrería Todoni que hace décadas viene contaminando y perjudicando a vecinos de la zona donde se encuentra ubicada, en Avenida Circunvalación José Hernández 2561. Según se indicó, las inspecciones y fiscalizaciones del organismo recaudador de la Nación apuntan conta la gerente titular Romina Elizabeth Todoni, y a su hermano y socio Diego. La investigación reveló que la empresa dejó de ingresar al fisco el IVA que le correspondía para los períodos fiscales 2018 (11 y 12), 2019, 2021 y 2022. Las maniobras sospechadas consisten principalmente en la utilización de comprobantes apócrifos para justificar compras en el circuito marginal; el cómputo de créditos fiscales provenientes de operaciones con “comprobantes mellizos y/o duplicados”. Se observó que los créditos fiscales declarados por la empresa en sus DDJJ de IVA eran superiores a los informados por sus proveedores. Muchos de los supuestos proveedores no tenían habilitados los puntos de venta o no registraban las operaciones con Las 3 E S.R.L. en sus libros de ventas. Se detectó la recurrente utilización de créditos fiscales emitidos por “usinas”, es decir, contribuyentes cargados en bases de apócrifos sin capacidad operativa, económica y/o financiera. Se mencionan a diferentes empresas y personas que emitían volúmenes de facturación que no se correspondían en absoluto con sus actividades reales, si no eran directamente fantasmas. Las acciones se configuran como “declaraciones engañosas” y “ocultaciones maliciosas”, que distorsionan los elementos de la materia imponible. Sobre los montos de la evasión, ARCA señala que el perjuicio fiscal total identificado en la denuncia asciende a $21.830.853,66. No obstante, la acción penal actual se enfoca en los montos impagos de IVA para los períodos 11 y 12 de 2018 y todo el año 2019, que totalizan $12.366.072,67. Originalmente, la empresa se había acogido a un plan de facilidades de pago (Ley 27562) para saldar sus deudas. Sin embargo, la caducidad de dicho plan en octubre de 2024, debido a la falta de pago, reactivó la acción penal por los períodos mencionados que aún se encontraban impagos. Se destacó que los ajustes de IVA para 2021 ($2.769.339,25) y 2022 ($6.695.441,74) fueron cancelados mediante compensaciones, y el ajuste de 2020 ($720.149,69) no supera el umbral económico para ser considerado un delito penal tributario. La acusación se fundamenta en el artículo 2, inciso d) de la Ley 27.430, Evasión Agravada Tributaria, vigente al momento de la comisión de los hechos. Se argumenta que la empresa tenía pleno conocimiento de las operaciones irregulares y que la única razón para articular estas maniobras fue evadir el pago íntegro de sus obligaciones fiscales. Sostienen que el engaño se materializa en la omisión de declarar ventas y el uso de facturas apócrifas para reducir la base imponible del IVA. La normativa legal establece que el cómputo de crédito fiscal es improcedente cuando el vendedor es ficticio o la documentación no refleja la realidad económica. Asimismo, se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos, y se considera una pena de prisión a los directivos que hayan intervenido en el hecho punible. La ARCA-DGI ha solicitado al fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, la instrucción de un sumario judicial y la citación a declaración indagatoria de los responsables. Entre Ríos Ahora / Análisis Digital
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