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» Facundoquirogafm
Fecha: 13/09/2025 16:16
En un desarrollo crucial para la Causa Cuadernos, el empresario Benjamín Gabriel Romero, de la empresa EMEPA, ofreció la suma de $510.298.166 como "reparación integral" para extinguir la acción penal en su contra y evitar el juicio oral. Este ofrecimiento toma particular relevancia dado que Romero ya había confesado, en su momento como arrepentido, el pago de USD 600.000 en coimas para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara la concesión de la Hidrovía. La propuesta de Romero es parte de una estrategia conjunta de unos 40 empresarios que buscan eludir el juicio oral que comenzará el 6 de noviembre, donde la expresidenta y otros 73 imputados enfrentarán acusaciones. La estrategia se basa en la figura de la "reparación integral del daño" prevista en el Código Penal. Según se supo, la suma total que estos empresarios están dispuestos a desembolsar en conjunto asciende a casi 8 millones de dólares. El monto específico ofrecido por Romero, de $510.298.166, corresponde al capital embargado en su contra ($100.000.000 en diciembre de 2018), actualizado por la Tasa Activa del Banco Nación. Además del pago por la Hidrovía, el empresario también confesó haber entregado aproximadamente un 15% de los subsidios al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, así como un "retorno adicional" anual de 500.000 dólares para mantener la concesión de Ferrovías. La aceptación de esta "reparación integral" por parte del Tribunal Oral Federal 7, compuesto por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, no implicaría una admisión de responsabilidad o culpabilidad penal por parte de Romero. Su objetivo es, precisamente, evitar el juicio oral y las posibles consecuencias de una condena. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta una fuerte oposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante y ya adelantó que se opondrá a esta vía de resolución. La fiscal federal del caso, Fabiana León, también hará pública su postura en la audiencia. Aunque las defensas argumentan que la aceptación de la reparación depende del tribunal, precedentes judiciales han establecido que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal es "importante" e incluso "lógico" en delitos que involucran estafas contra la administración pública. Esta audiencia es un momento crucial que definirá si un grupo significativo de empresarios logra sortear el juicio a cambio de una compensación económica.
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