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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 12/09/2025 06:54
(ADN).- La Procuración General de Río Negro emitió un dictamen clave en el marco de la disputa institucional que enfrenta a un grupo de concejales de Bariloche con el intendente Walter Cortés. El organismo concluyó que se trata de un conflicto de poderes en el ámbito municipal y que deberá ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, reveló Radio Con Vos Patagonia. El caso se originó cuando los concejales Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Roxana Ferreyra, Facundo Villalba y Samanta Echenique interpusieron una demanda contra el Departamento Ejecutivo local. Con el patrocinio de la abogada Griselda Ingrassia, cuestionaron tres resoluciones dictadas por Cortés que convocan a referéndum popular para el próximo 9 de noviembre. En ese plebiscito, el Ejecutivo propuso someter a votación diez medidas que incluyen, entre otras, la creación de un plan solidario para obras viales, la autorización del transporte privado a través de aplicaciones, la imposición de una contribución turística, la donación de un inmueble municipal a excombatientes de Malvinas y la prórroga de la emergencia habitacional hasta 2027. Los concejales sostienen que esas resoluciones invaden competencias propias del Concejo Municipal, al tratarse de materias como creación de tributos, cesión de bienes públicos, regulación laboral y ejecución de obras, que según la Carta Orgánica Municipal deben resolverse por ordenanza. A su entender, el intendente incurrió en una injerencia indebida del Ejecutivo en las atribuciones legislativas, vulnerando principios constitucionales básicos como la división de poderes y la legalidad en la formación de normas. El dictamen de la Procuración General fue categórico al respecto: “Estamos en presencia de un conflicto de poderes en la órbita municipal cuyo eje consiste en determinar si el Ejecutivo dictó normas que implican un acto ilegítimo que da lugar a su nulidad”, sostuvo el procurador Jorge Crespo. La opinión del Ministerio Público destaca además que el conflicto planteado tiene naturaleza institucional, en tanto se verifica una superposición de funciones dentro del mismo nivel de gobierno. Por ello, concluyó que la competencia originaria para resolverlo corresponde al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, de acuerdo con la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional.
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