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» Comercio y Justicia
Fecha: 11/09/2025 22:53
Por Javier De Pascuale La cooperativa láctea SanCor, alguna vez un coloso de la industria lechera argentina, enfrenta el capítulo más crítico de su prolongada crisis. En una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 6 de septiembre, los trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) resolvieron por unanimidad solicitar la quiebra de la empresa, pero con un matiz clave: la “continuidad de explotación”. Esta decisión, que será formalizada en los próximos días ante el juzgado de Rafaela donde tramita el concurso preventivo, refleja el hartazgo de los empleados frente a una situación de insolvencia que acumula deudas millonarias y meses de salarios impagos. Sin embargo, también evidencia un intento desesperado por preservar los puestos de trabajo y la infraestructura productiva de una compañía que, pese a su declive, sigue siendo un emblema del cooperativismo argentino. Una deuda abrumadora y un presente insostenible SanCor, que en su apogeo procesaba más de 4 millones de litros de leche diarios y empleaba a más de 4.000 trabajadores, hoy opera a una fracción de su capacidad. Según fuentes sindicales, la cooperativa procesa apenas 300.000 litros diarios, en gran parte a fasón para terceros, y su plantilla se ha reducido a unos 850 operarios. La crisis, que comenzó a manifestarse con fuerza en 2017, se agravó en los últimos años por una combinación de mala gestión, conflictos gremiales y falta de capital fresco. Actualmente, SanCor arrastra una deuda histórica preconcursal de $69.000 millones, que incluye 1.860 créditos laborales, y una deuda reciente (“flotante”) que supera los $14.000 millones, correspondiente a salarios impagos de abril a agosto de 2025, el aguinaldo del primer semestre y aportes no realizados a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y el propio sindicato ATILRA. La asamblea de trabajadores destacó que la empresa no respondió a ninguna de las más de 2.500 intimaciones de pago cursadas, ni a las exigencias de OSPIL, AMPIL y ATILRA, lo que evidencia un estado de “impotencia patrimonial” y “cesación de pagos”. Este incumplimiento sistemático, sumado a la falta de respuestas concretas por parte de la conducción de SanCor, llevó al gremio a tomar la drástica decisión de solicitar la quiebra. Sin embargo, la propuesta de “continuidad de explotación” busca evitar el cierre definitivo, instando a ATILRA a buscar inversores que puedan garantizar la preservación de los establecimientos fabriles y los empleos. Un largo historial de intentos fallidos El camino hacia la actual encrucijada de SanCor está marcado por una serie de intentos fallidos de rescate. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner bloqueó una propuesta del grupo agroindustrial Adecoagro, que incluía al magnate George Soros entre sus inversores, para tomar el control de la cooperativa. En su lugar, se gestionó un crédito de 80 millones de dólares con Venezuela, que SanCor pagó, aunque aún se le adeudan 18 millones de dólares por exportaciones al país caribeño. Más recientemente, en 2023 y 2024, se exploraron opciones con fondos de inversión y empresarios locales vinculados a ATILRA, pero ninguna iniciativa prosperó debido a la falta de consenso y la incertidumbre sobre el pasivo real de la empresa, estimado en unos 400 millones de dólares. El concurso preventivo, iniciado en febrero de 2025 bajo la supervisión del juez Guillermo Vales en Rafaela, buscaba reestructurar la deuda y evitar la quiebra. Sin embargo, el proceso no logró avances significativos. El 29 de mayo de 2025 venció el plazo para la verificación de créditos, y el 1 de julio se cerraron las impugnaciones, pero la cooperativa no ha podido estabilizar su operación ni atraer inversores. La clasificación del proceso como “Gran Concurso – Categoría A” refleja su magnitud, pero también la complejidad de encontrar una solución viable. ATILRA y las tensiones con la empresa ATILRA, liderada por Héctor “Etín” Ponce, viene insistiendo en que los trabajadores no son responsables de la crisis y que la culpa recae en la mala gestión de la cooperativa. En un comunicado de febrero de 2025, el gremio se desligó de acusaciones de intentar “quedarse con la empresa” y destacó su colaboración en casos similares, como las ventas de Milkaut y Molfino a inversores extranjeros. Sin embargo, la relación entre ATILRA y SanCor ha sido históricamente tensa, con conflictos que incluyeron un bloqueo de 10 meses a la planta de Sunchales, resuelto parcialmente en agosto de 2024 tras un acuerdo mediado por la Secretaría de Trabajo. Este acuerdo prometía regularizar salarios y reintegrar trabajadores, pero los incumplimientos posteriores reavivaron el conflicto. Desde la empresa, se viene señalando que algunos acuerdos salariales, como la cuotificación semanal de pagos, fueron aceptados por ATILRA en 2017, y que la cooperativa intentó ajustar los pagos en los últimos meses. Sin embargo, la falta de liquidez y la incapacidad para responder a las intimaciones debilitaron su posición. ¿Un futuro para SanCor? La solicitud de quiebra con continuidad de explotación abre un escenario incierto. Por un lado, busca proteger los empleos y la infraestructura de SanCor, pero su viabilidad depende de encontrar inversores dispuestos a inyectar capital en una empresa con un pasivo abrumador y una operación reducida. El juez del concurso preventivo ya enfatizó la necesidad de evitar una liquidación total, y algunos acreedores analizan formar un consorcio para negociar con posibles interesados. Un banco extranjero, cuya identidad no ha sido revelada, habría iniciado trámites como acreedor, lo que podría influir en el proceso. Mientras tanto, el sector lácteo observa con preocupación el destino de SanCor, cuya caída podría tener un impacto significativo en la región, especialmente en Santa Fe y Córdoba, donde la cooperativa sigue siendo un motor económico clave. La comunidad de Sunchales, cuna del cooperativismo argentino, espera que esta nueva etapa judicial traiga soluciones concretas, pero el tiempo juega en contra. La búsqueda de inversores y la resolución del concurso preventivo serán determinantes para decidir si SanCor puede renacer o si, tras décadas de historia, su legado quedará reducido a un recuerdo.
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