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Parana » Informe Digital
Fecha: 11/09/2025 08:16
En un contexto de creciente preocupación, se ha observado un aumento en la detención de jóvenes menores de edad involucrados en la venta de drogas. Aunque estas personas son parte de un entramado criminal dirigido por adultos, a menudo enfrentan imputaciones y procesos judiciales. La situación familiar de estos jóvenes, que muchas veces se ve afectada por el narcomenudeo, es un aspecto que genera inquietud. Un informe del programa Cuestión de Fondo, transmitido por Canal 9 Litoral, abordó esta problemática desde la perspectiva judicial y el trabajo de la Defensoría pública junto con organismos estatales para facilitar la reinserción y educación de estos jóvenes, a pesar de la falta de medidas preventivas efectivas. En Paraná, hace tres semanas, se registraron dos casos de menores en posesión de grandes cantidades de droga. Ambos enfrentan procesos judiciales y se les impusieron medidas cautelares diferentes; uno fue colocado bajo prisión domiciliaria y otro enfrentó restricciones. En Concordia, se imputó a un adolescente por narcomenudeo, estando involucrado un coautor del mismo delito que ya era mayor de edad. En La Paz, aunque no se realizaron detenciones de menores, se identificó a algunos como miembros de bandas barriales que los utilizan como “soldaditos”. En esta ocasión, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Family (Copnaf) intervino directamente. Dos meses atrás, una investigación en Concordia reveló que una banda delictiva había utilizado a una niña de 11 años para realizar “pasamanos” de droga a cambio de dinero en la vereda de su casa. Los informes policiales tras diversos procedimientos de narcomenudeo destacan varias detenciones. El 8 de junio, en los barrios José Hernández, Pompeya Sur y Universidad de Concordia, se identificaron a 17 personas, de las cuales cinco fueron detenidas. Entre ellas había tanto adultos como menores, lo que pone de manifiesto la complejidad de estos delitos. El 22 de agosto, en el barrio Illia de Paraná, se detuvo a un menor y a una femenina en un operativo. El 27 de agosto, en el barrio Rocamora, la policía arrestó a tres mujeres y a un menor, quien fue trasladado a la División Minoridad. La mayoría de los procedimientos no resultan en detenciones, pero es común identificar a niños y adolescentes en los allanamientos, ya sea como familiares, colaboradores o clientes. La defensora oficial Susana Carnero, quien dialogó con Cuestión de Fondo, expresó su preocupación por el aumento de niños y adolescentes involucrados en la venta y comercialización de drogas. “Nuestra ley establece que los jóvenes a partir de los 16 son imputables. Sin embargo, hay menores sospechados de estas actividades que no son punibles, aunque se toman medidas para entender su situación y su contexto familiar”, comentó. Carnero agregó que la problemática se presenta principalmente en barrios vulnerables donde los jóvenes provienen de entornos humildes y ven en el narcotráfico una salida a la pobreza. Subrayó la necesidad de una mirada más amplia que incluya a la familia, la comunidad y el Estado en la prevención de estas actividades. Asimismo, comentó que la pena para la comercialización de estupefacientes oscila entre 4 y 15 años, aunque los jóvenes sin antecedentes reciben un tratamiento especial. “A menudo se les reduce la pena debido a su inmadurez”, indicó. La defensora detalló que trabajan con los jóvenes desde el inicio del proceso judicial, junto a Copnaf, el cual lleva a cabo iniciativas de Libertad Asistida. A través de este apoyo, muchos jóvenes logran evitar penas altas o incluso se les exime de ellas, dependiendo de su contexto socioeconómico. Carnero destacó una contradicción en la legislación sobre drogas, donde se considera un agravante el uso de menores para la comercialización, pero las consecuencias para los niños que se involucran siguen siendo severas. Existen dos tipos diferentes de tratamientos legales: uno para los menores imputables y otro para los adultos implicados en el mismo caso. En este marco, Carnero mencionó un caso donde un joven fue sobreseído y mostró interés en continuar su educación, lo cual simboliza los esfuerzos por lograr su reinserción social. Sin embargo, la defensora advirtió sobre la falta de acciones preventivas: “Los organismos que trabajan con nosotros no se enfocan en la prevención, sino en lidiar con los problemas ya ocurridos. Deberíamos trabajar mucho más en la educación y la concientización en los barrios”. En cuanto al recorte de presupuesto implementado por el Gobierno nacional en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), se ha denunciado un ajuste de 500 millones de pesos. Este recorte afecta a 100 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en todo el país, y ya se ha cerrado el financiamiento para 34 de ellas. Estas casas son espacios fundamentales que ofrecen diversas actividades a miles de personas, incluyendo jóvenes y familias, y son una de las primeras líneas de lucha contra el narcotráfico. En Entre Ríos, hay nueve CAAC, de las cuales seis están en Paraná. En uno de estos espacios, llamado CAAC “José Daniel Rodríguez”, se brinda asistencia a unas 400 personas. Sin embargo, tanto los trabajadores como los beneficiarios temen que los recortes presupuestarios amenacen la continuidad de estos servicios. El 11 de septiembre, se convocó a una “merienda popular” para protestar contra el cierre de estos espacios y exigir medidas en defensa del programa de CAACs. “El ajuste del gobierno es sinónimo del avance de la droga”, expresaron en un comunicado. La situación actual exige una respuesta inmediata, ya que el aumento del consumo de drogas se relaciona directamente con el incremento del hambre y la falta de empleo. La reducción de recursos en este sector se traduce en miles de jóvenes y adultos que quedarán sin atención profesional, y representa un grave retroceso en la lucha contra la adicción.
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