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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 11/09/2025 01:42
En una resolución judicial reciente, cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina con base en el distrito de Pergamino, provincia de Buenos Aires, recibieron sentencias por exigir sobornos. Los involucrados, que incluyen a dos sargentos y un subcomisario, intentaron obtener beneficios económicos a cambio de evitar acciones legales contra un establecimiento industrial y un comercio local. La causa se inició tras una nota periodística que alertó sobre irregularidades en una planta procesadora de alimentos. El juez de Garantías de San Nicolás dictó penas de prisión en suspenso para tres de los acusados: un año y medio, acompañadas de una sanción económica de un millón de pesos y prohibiciones para ejercer funciones públicas por períodos extendidos. Estos uniformados fueron hallados responsables de falsificación de documentos oficiales y cobros indebidos, agravados por su rol en la fuerza. El cuarto implicado, un suboficial administrativo, enfrentó una condena menor de un año condicional por un solo episodio de cohecho, con inhabilitación para volver a las filas policiales durante tres años. La investigación reveló que los agentes se aproximaron a una fábrica avícola en la zona de Guerrico, simulando una operación oficial relacionada con quejas por polución ambiental. A mediados de agosto de 2024, arribaron en un vehículo particular portando insignias y un supuesto mandato de registro que nunca mostraron. Intentaron inspeccionar las instalaciones y presionaron a un empleado para que contribuyera financieramente, aunque la propuesta fue rechazada en ese momento. Días después, regresaron al sitio en un rodado oficial de la institución, insistiendo en dialogar con el responsable principal, quien no se encontraba presente. Las autoridades confirmaron que no existían registros formales de tales visitas o intervenciones en los libros de la comisaría local entre agosto y noviembre de ese año, lo que expuso la naturaleza fraudulenta de sus acciones. Además, uno de los sargentos contactó al propietario de un bar en la localidad de Violeta a fines de septiembre, demandando medio millón de pesos para impedir el sellado del lugar y protegerlo de imputaciones por tráfico menor de estupefacientes. El oficial incluso presionó a funcionarios municipales mediante llamadas y mensajes para forzar el cierre, pero el comerciante se negó a ceder. La fiscalía federal coordinó un acuerdo de culpabilidad que fue validado por el tribunal. Noticia vista: 66
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