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Parana » Bicameral
Fecha: 10/09/2025 18:17
Un proyecto de resolución presentado este miércoles en la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicita al Poder Ejecutivo que “realice las gestiones necesarias para reclamar la restitución de las pensiones a personas con discapacidad suspendidas en la Provincia de Entre Ríos, a través de los recursos administrativos y/o judiciales que estime pertinentes”. La iniciativa a la que accedió Bicameral pertenece a la diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), y cuenta con el acompañamiento de varios de sus compañeros de bancada. Cabe mencionar como antecedente que en el Congreso la diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) exigió en el mismo sentido la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral dadas de baja a partir de auditorías que fueron denunciadas por diversos organismos por “los irregulares procedimientos a partir de los cuales se llevaron a cabo”. El proyecto todavía no fue tratado en el recinto. Según remarca el texto en sus fundamentos, el proyecto “se inscribe en el marco de la emergencia en discapacidad que atraviesan nuestro país y la provincia de Entre Ríos, situación que ha motivado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso Nacional como en esta Legislatura provincial”. En ese sentido, recuerda que en Entre Ríos se encuentra pendiente de tratamiento en comisión un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio provincial, “lo cual demuestra la magnitud y urgencia del tema que hoy vuelve a requerir nuestra atención”. La iniciativa se recuesta en los escándalos que envolvieron en las últimas semanas al Gobierno nacional de Javier Milei, en el área particular de discapacidad, donde “se han constatado graves irregularidades en el procedimiento de revisión y control de las PNC por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad”. “Diversas denuncias periodísticas y presentaciones judiciales han puesto en duda la transparencia y legalidad de las actuaciones del organismo. Y, en el caso puntual de las auditorias, se han señalando errores administrativos tales como la falta de notificación adecuada a los beneficiarios, la fijación de auditorías en lugares inaccesibles para personas con movilidad reducida y la ausencia de criterios claros que garanticen el respeto al debido proceso y a los derechos adquiridos“, sostiene. En ese marco, señala que frente a la “crueldad y la inhumanidad que caracterizan este Gobierno Nacional”. considera necesario que el gobierno entrerriano marque “un rumbo claro y exigir la transparencia, legalidad y compromiso con los derechos humanos, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la acción positiva de reclamar la restitución del beneficio a los entrerrianos y entrerrianas a quienes se les ha arrebatado su pensión por invalidez de forma irregular”.
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