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» Diario Cordoba
Fecha: 10/09/2025 17:23
El procedimiento judicial por un fraude millonario a la Seguridad Social en Córdoba se ha topado con el caos logístico. La complicación llega a la hora de localizar a los investigados. En la causa hay 470 implicados y el proceso, actualmente en el trámite de presentación de escritos de defensa, está acarreando problemas para hacer llegar las notificaciones. La Fiscalía General del Estado informó hace unos días, en su memoria de 2024, de una de las investigaciones más importantes del año pasado en cuanto a delitos económicos: un fraude millonario a la Seguridad Social con altas por contratos de trabajo ficticios "para obtener prestaciones por desempleo, maternidad e incapacidad". Ahora, la Fiscalía de Andalucía, en su propio informe, explica las dificultades a las que se enfrenta en este caso. Así se urdió el fraude de los dos millones Según la información aportada por el Ministerio Fiscal, tras el fraude existe un entramado de empresas instrumentales que eran las encargadas de generar las altas formales. Esas falsas altas en la Seguridad Social eran el medio para defraudar al Estado. Los contratos de trabajo eran "ficticios" pero servían para conseguir ayudas y prestaciones a los beneficiados. La cantidad defradudada: 2.000.000 de euros. La pieza judicial presenta una gran "complejidad", entre otras cosas, por el "singular volumen". La causa está siendo tramitada por la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Córdoba y se divide en una pieza principal y numerosas separadas. A la espera del juicio El procedimiento judicial se encuentra pendiente de la celebración del juicio, según confirmó este periódico el pasado 5 de septiembre. Aunque ya se han alcanzado acuerdos de conformidad en algunas de las piezas separadas, todavía se está a la espera de la presentación de más escritos de defensa. Fachada de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Córdoba La Fiscalía tiene por delante el reto de localizar y notificar a todos los investigados. Este desafío marca la siguiente etapa de una de las causas más complejas por delitos económicos en Córdoba del último año. El Caso Infraestructuras y la investigación a la Guardia Civil Además del fraude millonario a la Seguridad Social, la Fiscalía de Córdoba destaca otras actuaciones relevantes en materia de delitos económicos. Entre ellas se incluyen diligencias previas por blanqueo de capitales derivadas de investigaciones por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), así como actuaciones por prevaricación, falsedad y tráfico de influencias en el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, recurridas tras su archivo por el Ministerio Fiscal. Instalaciones de la Delegación de Infraestructuras. / A.J. GONZÁLEZ También se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación detectados en contratos públicos a partir de denuncias del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Estos casos, junto con el fraude de las 470 personas, evidencian la complejidad y el volumen de los procedimientos que afronta la Fiscalía cordobesa. La Fiscalía pide más herramientas La Fiscalía de Córdoba advierte que la especialidad en delitos económicos requiere programas y herramientas informáticas avanzadas para poder analizar con mayor rapidez y precisión las causas en tramitación. El año pasado se detectó un ligero ascenso en delitos como estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, societarios y blanqueo de capitales, aunque cuantificar la evolución de la delincuencia informática resulta difícil, alega en su memoria, al no poder diferenciar en los registros las infracciones leves de las más graves. En 2024, se incoaron seis procedimientos por fraude de IVA, tres por contrabando, 39 por prevaricación y dos por delitos contra la Seguridad Social, mostrando un incremento respecto al año anterior. La sección tramitó un total de 19 diligencias de investigación, de las cuales seis derivaron en denuncia. Si bien el número de diligencias no ha aumentado significativamente respecto a 2023, sí se aprecia un incremento cualitativo en denuncias relacionadas con la gestión económica de los Ayuntamientos y la contratación pública.
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