10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
10/09/2025 16:12
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 10/09/2025 12:33
El edificio de la Facultad de Derecho de la UBA La reciente sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a manos del Congreso Nacional constituye, en la coyuntura actual, un nuevo hito en la defensa del sistema universitario argentino. Al mismo tiempo, la amenaza del veto presidencial -equivalente al dispuesto en 2024- expone las tensiones existentes entre el ordenamiento de las cuentas públicas y la preservación de la educación superior como política estratégica de desarrollo. La norma tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento universitario a través de la actualización del valor real del presupuesto de las universidades nacionales, la recomposición salarial y el aumento de las becas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PIB. Se trata de un esfuerzo relevante, aunque no desmesurado en comparación con otros rubros del gasto público afrontados por el gobierno nacional. Para contextualizar la situación es importante señalar, en primer lugar, que desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2005, el financiamiento universitario proveniente del sector público nacional mostró una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo de 0,84% del PIB en 2017. Desde entonces comenzó un sendero descendente que lo posicionó en 0,72% del PIB en 2023 y en 0,57% en 2024. Los datos del presupuesto vigente para 2025 (que fue prorrogado del ejercicio anterior sin contar con la aprobación del parlamento por segundo año consecutivo) señalan una proyección equivalente a 0,50% para 2025, de mantenerse los créditos actuales que no contemplan la recomposición dispuesta por la mencionada Ley. En los últimos 8 años el esfuerzo relativo del Estado para financiar a las universidades nacionales se habrá reducido en una proporción equivalente al 40% del máximo observado en 2017, retrotrayendo el nivel de inversión al de hace dos décadas. El programa presupuestario Desarrollo de la Educación Superior El retroceso mencionado implica, en la práctica, una disminución sostenida de la inversión en infraestructura edilicia y tecnológica, salarios docentes crecientemente rezagados y un deterioro progresivo en la calidad de los servicios que las universidades prestan a la comunidad. Los hospitales universitarios, que cumplen una función esencial en la atención médica y al mismo tiempo en la formación de profesionales de la salud, enfrentan crecientes dificultades para sostener insumos básicos y equipos. De igual modo, los programas de extensión, que acercan conocimiento y asistencia a comunidades en todo el país, ven restringida su capacidad de acción, con lo cual se limita uno de los principales puentes entre la universidad y la sociedad. A ello se suma la insuficiencia de las becas estudiantiles que, reducidas en su cobertura real, restringen las oportunidades de los sectores de menores ingresos para completar sus estudios, debilitando el papel de la universidad como motor de movilidad social y equidad territorial. Buena parte de la mencionada contracción fue absorbida por los salarios universitarios que sufrieron un deterioro significativo en comparación con la inflación y con otros sectores que fueron ajustados en menor magnitud. Tomando como punto de partida el comienzo de la gestión actual de gobierno, se observa una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de UUNN cercana al 30% hasta el mes de junio de 2025. Dicho ajuste más que duplica al de los trabajadores del sector público en general (que se deterioró 14,4% en el mismo período) y es 50 veces más fuerte que el del sector privado registrado, donde los incrementos salariales, en promedio presentan un rezago de 0,5% real en ese lapso. En este escenario, la docencia y la investigación universitarias se transforman en actividades crecientemente desalentadas, erosionando los incentivos para sostener un desempeño académico de calidad. Variación salarial mensual La situación se vuelve más preocupante cuando se analizan los datos de ejecución presupuestaria de los últimos años. Por encima de la caída interanual real promedio de 25% experimentada en 2024, los créditos asignados vigentes para el ejercicio actual suponen un retroceso adicional de 8,5% durante 2025. Al desagregar las partidas que confirman el financiamiento del sistema se observa una contracción mayor de sus funciones más estratégicas. El fortalecimiento de la ciencia y la técnica, los proyectos especiales y el desarrollo de institutos tecnológicos de formación profesional sufrieron recortes de entre 70% y 80% en términos reales durante 2024. También las actividades de extensión universitaria, que son clave para sostener el vínculo entre las casas de estudio y la sociedad, acumularon un ajuste de magnitud similar. Estas reducciones comprometen directamente la capacidad de las universidades para producir conocimiento, innovar tecnológicamente y desplegar su acción social en los territorios. La asistencia financiera para el funcionamiento universitario, que incluye insumos básicos y servicios, se sostuvo en 2024 en respuesta a los reclamos que incluyeron una multitudinaria marcha en defensa de las universidades, pero se desplomó en 2025 con una caída real del 31,2%. En contraposición, se destaca la actividad presupuestaria destinada a hospitales universitarios, con aumentos dispuestos para hacer frente al encarecimiento de los insumos médicos y otros; además de proyectos y acciones enmarcados como “Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR)” que se orientan al desarrollo territorial, productivo y social en distintas regiones del país y presentan un incremento significativo en el año en curso. La ejecución del presupuesto El país necesita diversificar su matriz productiva y generar capacidades de innovación que permitan retomar la senda del crecimiento económico y apuntar un proceso de desarrollo sostenible. Un gobierno nacional que pondere la importancia de formar capital humano y retener talentos no puede desentenderse de la inversión educativa. Es central orientar las reasignaciones y mejorar los impactos sosteniendo la inversión estratégica en la educación superior. La universidad argentina cumple funciones que ningún otro actor social está en condiciones de reemplazar. Forma capital humano altamente calificado en una escala masiva, produce conocimiento científico y tecnológico de calidad reconocida internacionalmente, y al mismo tiempo brinda servicios esenciales que llegan a toda la sociedad, como la atención en hospitales universitarios o los programas de extensión en territorios vulnerables, entre muchos otros. Un eventual veto presidencial a la nueva ley sancionada significaría, por lo tanto, no solo un golpe financiero sino también un retroceso simbólico. En lugar de intentar clausurar el debate con un veto, es posible intentar un pacto sostenible que combine dos objetivos: asegurar mecanismos de financiamiento previsible y sostenido, al mismo tiempo que se dispongan las reformas necesarias para superar los desafíos persistentes del sistema. Está en juego el lugar que ocupan el conocimiento, la ciencia y la formación universitaria en un país que busca salir de sus crisis recurrentes, consolidando sus cuentas fiscales, pero sin hipotecar su futuro. El sistema universitario nacional sigue siendo una herramienta clave de movilidad social y progreso científico. La verdadera discusión debería girar en torno a cómo construir un pacto sostenible que combine disciplina fiscal con inversión en educación superior y ciencia. En esa conjunción se juega la posibilidad de un desarrollo duradero e inclusivo. *El autor es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas UBA
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por