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Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 10/09/2025 07:34
La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos – Concordia) presentó un proyecto de ley con el objetivo de limitar el uso de juicios abreviados en casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. La iniciativa propone modificar artículos del Código Procesal Penal de Entre Ríos (Ley Provincial N.º 9.754) para impedir que delitos contra la administración pública, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales o enriquecimiento ilícito, puedan resolverse mediante este mecanismo. “Estamos observando que el juicio abreviado termina funcionando como una vía para que las investigaciones no se profundicen más allá de los delitos evidentes, además de obturar la posibilidad de que el Estado recupere lo robado”, sostuvo Laner en la fundamentación. Un ejemplo reciente Para graficar la necesidad de la reforma, la diputada citó el caso del exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, involucrado en la denominada Causa Coimas. Smaldone aceptó un juicio abreviado y recibió una condena condicional de dos años y ocho meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos. “Pasó de declararse inocente a reconocer actos de corrupción en perjuicio del Estado entrerriano”, recordó Laner. Más control y juicios públicos El proyecto también establece que quienes se desempeñen en cargos directivos o jerárquicos solo podrán acceder al procedimiento abreviado si brindan información que permita avanzar en la investigación hacia niveles superiores de responsabilidad. La legisladora subrayó que el juicio oral y público debe prevalecer en casos de corrupción, ya que permite a la sociedad conocer en detalle cómo se cometieron los delitos y quiénes fueron responsables. “Una lucha seria contra la corrupción” En sus consideraciones finales, Laner señaló: “La lucha contra la corrupción debe ser seria, profunda y esperanzadora. La gravedad institucional de estos delitos amerita que se apliquen sanciones ejemplares, con igualdad ante la ley y sin miramientos”. Finalmente, aseguró que la reforma pretende “recuperar la etapa de investigación, fortalecer el rol de los fiscales y dar señales claras de compromiso institucional ante la ciudadanía”.
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