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» El Ciudadano
Fecha: 10/09/2025 02:25
El gobierno de Javier Milei convirtió en conflicto diplomático su estrategia para contrarrestar el escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei y la familia Menem en el caso de los audios de coimas de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Las acusaciones sin pruebas de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre un supuesto espionaje ruso y venezolano generaron una respuesta formal de Moscú, que convocó al embajador argentino para exigir explicaciones. Paralelamente, la denuncia judicial contra el canal uruguayo Dopamina por difundir los audios censurados en Argentina provocó el rechazo unánime tanto en Argentina como Uruguay. Desde varios países políticos y periodistas se expresaron en favor de la libertad de prensa ante lo que consideran un intento de censura previa por parte del gobierno libertario. Rusia exige explicaciones a Bullrich El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras las declaraciones de la ministra de Seguridad que acusó a la inteligencia rusa de participar en grabaciones ilegales en Casa Rosada. “Se le informó al embajador de Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de la ministra, que considera “infundadas“, en tanto “no tienen pruebas”, según un comunicado oficial difundido por la agencia estatal RT. La Cancillería rusa calificó las declaraciones de Bullrich como destructivas para las relaciones bilaterales y expresó que Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”. Las autoridades rusas también recordaron la existencia del Tratado de asistencia legal recíproca en materia penal entre ambos países, que establece procedimientos específicos para la interacción entre las estructuras competentes. Rusia exigió “una explicación detallada de las inaceptables declaraciones de la ministra lo antes posible”. Previamente, la Embajada rusa en Argentina ya había rechazado públicamente las acusaciones de Bullrich, señalando que “ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo” y pidiendo no celebrar los 140 años de relación bilateral “bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia”. Las declaraciones de Bullrich se originaron en una entrevista en Radio Rivadavia, donde denunció a “personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos” por la filtración de audios de Karina Milei. La ministra también incluyó a Venezuela en sus acusaciones, alegando que ambos países intentan “desestabilizar” al gobierno argentino. Un escándalo tapa otro escándalo El conflicto diplomático tiene su origen en la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde se escucha describir un esquema de coimas del cual Karina Milei supuestamente recaudaría el 3%. También se difundieron grabaciones que involucran al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Eduardo “Lule” Menem, estrecho colaborador de la hermana del Presidente Javier Milei. Para contrarrestar el escándalo, el gobierno implementó una estrategia judicial a través de Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad y mano derecha de Bullrich. Soto presentó una denuncia penal el 1º de septiembre ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, alegando que los audios fueron obtenidos mediante espionaje ilegal. El juez federal Patricio Maraniello estableció una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios en territorio argentino. Esta decisión judicial buscaba frenar la circulación del material que compromete a figuras clave del gobierno, pero lo cierto es que Soto conectó sin pruebas la filtración con el grupo “La Compañía”, una supuesta red de espías rusos que había sido denunciada por la Secretaría de Inteligencia de Estado el 18 de junio. La presentación judicial sostiene que el presunto espionaje “reviste una marcada similitud” con las actividades de esta organización y “podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo”. No es la primera vez que Bullrich y su entorno apelan a explicaciones de este tipo para tapar un escándalo. Mientras era ministra de Mauricio Macri, la funcionaria acusó a ciudadanos musulmanes de terroristas y buscó relacionarlos con Hezbollá. Durante su época macrista detuvo venezolanos, a quienes acusó sin pruebas de pertenecer al “régimen chavista“. Además, llegó a impulsar la deportación de la selección de futsal de Pakistán tras su ingreso al país. Repercusiones en Uruguay La censura judicial en Argentina llevó al canal de streaming uruguayo Dopamina a difundir audios censurados, lo que motivó a Fernando Soto a ampliar su denuncia incluyendo al medio vecino. En la ampliación presentada en Comodoro Py, Soto acusó al canal uruguayo de participar en “tareas de inteligencia ilegal” y formar parte de “un grupo de personas organizadas con fines claros de espionaje ilegal”. La reacción de la clase política uruguaya fue inmediata y transversal. El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini expresó su solidaridad con los periodistas, calificando la denuncia como “distópica y absurda”. Por su parte, el dirigente del Partido Colorado Diego Riveiro González recordó las palabras de Don Frutos Rivera sobre la importancia de la libertad de prensa: “Las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios”. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva fue categórico en su respaldo: “Acá en este país se defiende la libertad de expresión. Mi partido ha dejado la vida por la libertad. No aceptamos de nadie un cercenamiento a la misma. El periodismo está para complicarnos la vida a los políticos, y eso a mí me encanta”. Los abogados de Marcos Casas, fundador de Dopamina, Nicolás Rechanick y Andrea Valenzuela, rechazaron la denuncia por carecer de “fundamento jurídico”. Explicaron que su medio “se limita a la difusión, no a la obtención del material” y que “no tuvo ninguna participación en la grabación ni en la obtención de esos audios“. Los letrados también cuestionaron la legalidad del procedimiento, señalando que no fueron notificados formalmente de la denuncia y que cualquier medida válida “debería haberse canalizado mediante mecanismos de cooperación judicial internacional entre Argentina y Uruguay, lo que nunca ocurrió”. La embajada uruguaya en Argentina brindó apoyo institucional a los periodistas de Dopamina, según pudo reconstruir el diario El Destape. Los medios uruguayos, como El País, destacaron la inusual denuncia del gobierno argentino contra un medio de comunicación extranjero. Los abogados defensores advirtieron que “la denuncia contra periodistas de un medio uruguayo no tiene antecedentes en la región y abre la puerta a un conflicto diplomático innecesario”, subrayando que en Uruguay “la libertad de expresión y el trabajo periodístico están protegidos constitucionalmente y cuentan con un sólido respaldo jurídico y social”.
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