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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 09/09/2025 16:37
Alberto Fernández en Comodoro Py (Adrián Escandar) El expresidente Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y volvió a reclamar su sobreseimiento en la causa “Nación Seguros”, donde fue procesado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia investiga la firma de un decreto del Poder Ejecutivo por el supuesto direccionamiento en la contratación de seguros, beneficiando a un grupo empresario, y entre otros, al broker Héctor Martínez Sosa, marido de la ex secretaria privada del ex mandatario, María Cantero. Concretamente, como presidente de la Nación, Fernández firmó el decreto 823/21 que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar a la empresa Nación Seguros. Fernández llegó puntual a los tribunales federales de Retiro acompañado por su abogada Mariana Barbitta, donde previamente hubo un gran despliegue de efectivos del escuadrón antibombas de la Policía Federal, que revisó todas las instalaciones del edificio judicial del barrio de Retiro. El expresidente Alberto Fernández pidió la nulidad de su procesamiento en la causa Seguros (Gustavo Garello) El ex jefe de Estado se dirigió al segundo piso de Comodoro Py, a una reducida sala, para participar de la audiencia solicitada por su defensa. La misma fue encabezada por los camaristas Martin Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah; también estuvo presente el fiscal ante esa Cámara, José Luis Agüero Iturbe. Dirigiéndose a los jueces, Barbitta cuestionó el fallo de Casanello que dio por probado que el decreto presidencial 823/2021 ordenaba contratar únicamente a Nación Seguros SA y habilitaba para intermediación de brokers. La defensora señaló la modificación sustancial de la imputación a lo largo del proceso. Inicialmente, sostuvo, la investigación se centró en presuntas irregularidades vinculadas al Decreto 823/2021, firmado por Fernández durante su mandato, en relación con la contratación de seguros por parte de organismos públicos. Allí detalló que, tras la publicación de noticias periodísticas sobre el tema en febrero de 2024 y la presentación de denuncias por parte de legisladores y funcionarios, la Fiscalía impulsó la investigación y el juez Julián Ercolini citó a Fernández a indagatoria el 1 de noviembre de 2024. Según la abogada defensora, Ercolini lo imputó de manera genérica por haber participado en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante el direccionamiento irregular de contratos de seguros, así como por haber dictado el mencionado decreto. El juez Sebastián Casanello En esa primera citación, el ex mandatario expuso los fundamentos y controles que respaldaron el dictado del decreto, negó cualquier finalidad delictiva y solicitó la producción de pruebas, incluyendo la citación de funcionarios que participaron en la redacción y revisión de la norma. Posteriormente, en una ampliación de indagatoria, pero esta vez ante el juez Casanello, la imputación formal no fue modificada ni ampliada, y Fernández reiteró sus explicaciones y pedidos de prueba. La defensa subrayó que el auto de procesamiento dictado por Casanello, quien quedó a cargo del Juzgado Federal número 11 tras finalizar la subrogancia de Ercolini, introdujo hechos y omisiones completamente nuevos, como la creación del cargo de Secretaría Privada Ejecutiva mediante el Decreto 209/2020, la designación de María Marta Cantero en ese puesto, la supuesta omisión de informar un potencial conflicto de intereses y la falta de imposición de barreras para evitar el aprovechamiento de vínculos personales en la administración pública. Según la abogada defensora, “jamás se le había imputado a Fernández la creación de una secretaría, la designación de Cantero ni la existencia de un conflicto de intereses”, lo que constituye a su entender una ruptura del principio de congruencia exigido por el Código Procesal Penal de la Nación. También se argumentó que la carátula de la causa fue modificada: durante la indagatoria, se investigaban delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, mientras que el procesamiento se basó en negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y cohecho. La defensa sostiene que esta alteración impidió a Fernández ejercer plenamente su derecho de defensa, ya que no pudo ofrecer pruebas específicas sobre los nuevos hechos imputados, como la presentación del anexo del Decreto 209/2020 o la citación de testigos relevantes. El ex presidente pidió la nulidad del procesamiento que le impuso Casanello, y -en caso de no acceder la Cámara a este pedido- la revocación del mismo. En los próximos días el tribunal deberá decidir sobre este punto. En caso de confirmarse el procesamiento, el ex mandatario quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.
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