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Concordia » 7paginas
Fecha: 09/09/2025 01:02
De acuerdo a lo señalado a 7Paginas, la propuesta plantea una modificación en los artículos 391° y 479° del Código Procesal Penal de Entre Ríos (Ley Provincial N° 9.754), limitando la utilización de este proceso cuando se trate de delitos cometidos por determinados funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Los alcances del proyecto Según la iniciativa, no procederán los juicios abreviados en casos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, concusión y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos tipificados en el Código Penal Argentino. Además, establece que los directores o funcionarios de jerarquía equivalente sólo podrán acceder al procedimiento abreviado si aportan información que permita esclarecer la causa y responsabilizar a superiores jerárquicos. Con esto, se busca evitar que los procesos se cierren en escalones menores del poder y que las investigaciones lleguen hasta las máximas esferas. El cuestionamiento al uso del juicio abreviado El juicio abreviado consiste en un acuerdo entre el imputado y la fiscalía, donde el primero reconoce su culpabilidad y acepta una pena menor, evitando así un juicio oral y público. Para ejemplificar el impacto de esta herramienta, Laner mencionó el caso del exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, condenado en la denominada “Causa Coimas” mediante un juicio abreviado a dos años y ocho meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de 90 mil pesos. “Este mecanismo, que en principio buscó agilizar causas menores y descomprimir el sistema, termina utilizándose en hechos de gran relevancia institucional, generando descreimiento social y obstaculizando investigaciones más profundas”, señaló la legisladora. Una señal contra la corrupción En los fundamentos del proyecto, Laner destacó que los delitos contra la Administración Pública representan una grave amenaza al sistema democrático, por lo que resulta indispensable garantizar que se juzguen en instancias orales y públicas. “Es necesario dar una lucha seria y profunda contra la corrupción. La sociedad debe conocer la verdad de las causas en detalle y ver que se castigue de manera ejemplar a los responsables”, expresó. La diputada subrayó que esta reforma no busca vulnerar derechos constitucionales, sino recuperar la investigación penal y fortalecer el rol de los fiscales como acusadores, evitando que los responsables de hechos de corrupción se beneficien con condenas reducidas. Consideraciones finales Laner concluyó que la política debe enviar señales claras en materia de transparencia y rendición de cuentas: “La corrupción debilita la democracia y socava las instituciones. Todos debemos asumir un compromiso, pero quienes tenemos responsabilidades públicas estamos llamados a dar el ejemplo. Es indispensable que se castigue a los corruptos sin consideraciones ni miramientos”. Con este proyecto, la diputada busca sentar un precedente en Entre Ríos, apuntando a que los delitos de corrupción no puedan resolverse con atajos judiciales y que los responsables enfrenten juicios orales y públicos.,
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