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» Diario Cordoba
Fecha: 08/09/2025 19:33
"¿Cómo es posible que más del 72% de los votantes de Junts estén a favor de la reducción de jornada y ni siquiera se va a dar la oportunidad a que se debata en el Congreso?", se ha preguntado este lunes en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Este miércoles los diputados de la cámara baja española votarán si aceptan o no a trámite la ley que pretende disminuir el tiempo de trabajo máximo en España a 37,5 horas semanales, desde las centrales asumen ya que el escenario más probable es que ese 'primer asalto' lo pierdan y anuncian movilizaciones al respecto. "Vamos a continuar durante toda la legislatura con esta reivindicación", ha prometido su homólogo de CCOO, Unai Sordo. El PP, Vox y Junts ya han avanzado que votarán en contra de la que pretende ser la medida estrella de esta legislatura en materia laboral del Gobierno. Desde el ministerio dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, están intentando convencer a los posconvergentes de que cambien de parecer y retiren su enmienda a la totalidad a la norma. Este pasado viernes hubo un encuentro de alto nivel entre las partes, del que no trascendieron avances. Fuentes consultadas de Junts reconocen que durante las últimas horas ha habido contactos y videoconferencias entre los diputados del grupo parlamentario y el Ministerio de Trabajo, si bien "estamos dónde estábamos", afirman esas mismas fuentes. Informa Carlota Camps. "Determinados grupos políticos no quieren ni discutir" y prefieren "quitarse de encima" un debate que puede costarles popularidad entre sus electorados, según ha afirmado el secretario de CCOO, Unai Sordo, este lunes. Y es que esta semana presumiblemente se dará la paradoja de que una mayoría de diputados votará en contra de una medida sobre la que, según sondeos demoscópicos, existe una mayoría ciudadana favorable. Según la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el gabinete demoscópico oficial de la Generalitat, publicó en verano un barómetro que mostraba que el 72% de las personas que afirman votar al PP dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con la ley para reducir la jornada sin reducir el sueldo; frente al 66% de Vox y el 72% de Junts. "Estamos ante un fraude democrático", ha insistido Sordo. "Dice mucho del sesgo de clase que hay detrás de esta votación" que "señores que ganan 100.000 euros al año, tienen varios pisos en propiedad, acciones y chalés y un 'despachito' que les puso papá vayan a votar en contra de la reducción de jornada", ha afirmado. CCOO y UGT han convocado manifestaciones ya este mismo miércoles en las principales ciudades de España para presionar a los grupos contrarios a la ley y pretenden extenderla durante los próximos meses. "Esto va a ser como una pesadilla", ha tildado Álvarez. La protesta de Madrid tendrá lugar por la tarde, frente al Congreso, mientras los diputados votan si aceptan o no a trámite la norma. Desde las centrales se han comprometido a activar una ola de movilizaciones para transformar esa mayoría demoscópica en una mayoría social en la calle. "Lo tenemos a tocar y en buena parte depende de la capacidad de los sindicatos para organizar y movilizar", ha declarado Álvarez. Cambios en el registro de jornada Los sindicatos han reclamado que se abra el debate y se han mostrado abiertos a aceptar modificaciones al texto que pactaron en diciembre del 2024 con Trabajo. "No hurten el derecho de saber cuáles son sus opiniones", ha declarado el líder de UGT. "No estamos diciendo que los grupos se adhieran al acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos y ya está", ha afirmado el líder de CCOO. Desde las centrales han reclamado al Ministerio de Trabajo que, en caso de que decaiga el proyecto de ley, apruebe dentro de sus competencias una modificación reglamentaria de la actual normativa para endurecer las condiciones de registro horario. El acuerdo entre las centrales y la vicepresidenta segunda -del que la patronal se desmarcó- pretende aumentar las capacidades de la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude en materia de excesos horarios y horas extra no pagadas, así como las sanciones en caso de empresas incumplidoras. No obstante, desde las organizaciones empresariales consideran que para activar esa vía Trabajo debe modificar la ley por vía legislativa y debe pasar por el Congreso, no puede hacerlo unilateralmente. Y ya ultiman acciones legales si finalmente eso sucede para impugnarlo en los tribunales. Suscríbete para seguir leyendo
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