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Parana » El Once Digital
Fecha: 08/09/2025 13:30
La Justicia avanza sobre el rol de los organismos de control en el caso del fentanilo contaminado que provocó más de cien muertes. Operativos incluyeron allanamientos en domicilios de funcionarias y sedes oficiales. Fentanilo contaminado: El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secuestro del teléfono celular de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio, en el marco de la investigación por las más de un centenar de muertes. La medida formó parte de una serie de operativos que incluyeron registros en el domicilio de Bisio y también en el de Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), desplazada por el Gobierno el mes pasado. Bisio, en cambio, cuenta con el respaldo del ministro de Salud, Mario Lugones, quien ratificó su continuidad en funciones. “La decisión fue apartar a quien conducía el Iname porque había evidencia de que ocultó información, pero se están esperando resultados de la Justicia o del sumario interno para tomar más decisiones en Anmat”, indicaron fuentes cercanas al funcionario. Allanamientos y secuestro de pruebas El juez dispuso órdenes “de presentación con allanamiento en subsidio” en la Anmat y en el Iname, con el objetivo de recolectar documentos y dispositivos que permitan esclarecer el rol de los organismos de control en el caso. Según informó el juzgado, fueron en total siete los operativos. Dos se realizaron en las sedes centrales de la Anmat, en Avenida de Mayo al 800, y uno en el Iname, ubicado en Avenida Caseros al 2100, ambos en la Ciudad de Buenos Aires. También se registraron domicilios particulares: la casa de Bisio, en Olivos; la de Mantecón Fumadó, en Quilmes; y las viviendas de Ana Laura Canil, Mariela Baldut y Maximiliano Carlos Lalin, funcionarios del Iname con responsabilidades en fiscalización y control. Responsabilidad de los organismos de control “El objeto de los procedimientos, tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, en su caso, es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”, informaron fuentes judiciales. La investigación fue impulsada el 20 de agosto por la fiscal federal Laura Roteta, quien busca determinar la responsabilidad de la Anmat en el caso. El Ministerio Público indaga si la “ineficiencia recurrente” de los organismos de control sobre los laboratorios podría configurar “negligencia, connivencia o complicidad” en la tragedia. Duras imputaciones y primeras detenciones En este expediente ya fueron detenidos Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, responsables de la producción del fentanilo contaminado. En un dictamen de alto impacto, Roteta imputó a García Furfaro un delito cuya pena mínima es de diez años de prisión y la máxima alcanza los 25. Tras estas detenciones, el Gobierno apartó a la funcionaria de Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio. La fiscal Roteta cuenta con un dictamen complementario del fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre la deficiente supervisión estatal sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Actualmente, la fiscalía y la PIA analizan el material recolectado en los allanamientos. La investigación se centra en el período comprendido entre 2018 y la actualidad. La PIA revisó 273 expedientes administrativos relacionados con ambos laboratorios, considerados clave para evaluar el desempeño de la Anmat como organismo regulador. Inspecciones y graves falencias Un dato revelador para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, apenas seis días después de finalizada la inspección. Sin embargo, recién el 10 de febrero se notificó al laboratorio que debía frenar la producción hasta corregir las deficiencias detectadas. Y recién en mayo la agencia ordenó la suspensión total de actividades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Según el informe oficial, los inspectores detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta, lo que comprometía directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”. Irregularidades en el control sanitario Entre las irregularidades constatadas se encontraron problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y fallas en la gestión de recursos humanos. A pesar de este cuadro crítico, la Anmat no clausuró de inmediato el laboratorio ni dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la inspección. El organismo, dependiente del Ministerio de Salud, quedó en el centro de la polémica por la presunta falta de acción oportuna que derivó en una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos tiempos. (La Nacion)
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