08/09/2025 11:02
08/09/2025 11:01
08/09/2025 11:01
08/09/2025 11:01
08/09/2025 11:00
08/09/2025 10:59
08/09/2025 10:59
08/09/2025 10:57
08/09/2025 10:56
08/09/2025 10:55
Parana » AIM Digital
Fecha: 08/09/2025 06:11
Un pedido de informe presentado en la Cámara de Diputados pide que el Poder Ejecutivo detalle el destino de los recursos generados por la baja de más de 110.000 pensiones por invalidez laboral. La iniciativa, autoría de UxP, se enmarca en un contexto de creciente tensión por los recortes en materia de discapacidad y se suma al rechazo legislativo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Auditorías y fondos bajo la lupa El planteo de Valdés se fundamenta en el informe de gestión 144 del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que confirmó las auditorías realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la suspensión masiva de pensiones. Según se indicó en ese documento, los recursos liberados serían redireccionados para mejorar el sistema prestacional. Sin embargo, hasta el momento no se registraron incrementos en aranceles ni mejoras concretas para los beneficiarios. Puntos centrales del reclamo El legislador exige precisiones sobre: La existencia de mayores recursos en Andis tras las bajas. La falta de actualización de aranceles desde noviembre de 2024, pese a los anuncios de redistribución de fondos. La persistencia del monto de 28.000 pesos para quienes concurren a Talleres Protegidos, sin modificaciones desde febrero de 2023. La reasignación específica de los fondos que dejaron de destinarse a pensiones. La situación de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, luego del desplazamiento de Daniel Garbellini, responsable de programas como Incluir Salud y Pacbi. Compromiso internacional y derechos vulnerados Valdés recordó que Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional, lo que obliga al Estado a garantizar el acceso efectivo a prestaciones y servicios. La falta de claridad sobre el uso de los fondos recaudados y el estancamiento en los programas de apoyo generan preocupación en organizaciones sociales, prestadores y familiares de personas con discapacidad, quienes denuncian una pérdida progresiva de derechos adquiridos. Un reclamo en un escenario de tensión política El pedido de informes se presentó pocos días después de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta decisión evidenció la fractura entre el oficialismo y los bloques opositores, así como la creciente presión de los sectores que defienden políticas inclusivas y de protección social. La discusión sobre el destino de los fondos y la continuidad de los programas de asistencia coloca nuevamente a la discapacidad en el centro del debate político y social.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por