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Parana » ER 24
Fecha: 07/09/2025 22:00
HISTORIA DE LADRONES: El caso del juez Hugo Perotti en Entre Ríos Una transacción en dólares en plena pandemia En julio de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19 y bajo el cepo cambiario que restringía la compra de dólares en Argentina, el juez Hugo Daniel Perotti (entonces camarista de Casación en Paraná) protagonizó una controvertida situación. El magistrado había realizado una operación inmobiliaria legítima por la cual debía entregar unos 30.000 dólares en efectivo. Lo que nunca se aclaro es porque le vendieron dos unidades por ese precio irrisorio ¿o en realidad eran U$S150.000? Según informó luego la Fiscalía, ese dinero no provenía de un origen ilícito (pece al cepo el juez tenia bajo el colchon el dinero sin declar en AFIP para 2 unidades), sino de una transacción legal vinculada a un inmueble que involucraba al propio juez. Sin embargo, el hecho de movilizar tal suma en dólares –en pleno cepo al dólar y fuera de los canales financieros habituales– generó suspicacias sobre si se habían eludido controles de la AFIP u otras normativas cambiarias para concretar el pago. De hecho, el dinero fue entregado en mano el día anterior al incidente, supuestamente resguardado temporalmente en una oficina vinculada a la operación inmobiliaria, lo cual evidenció un manejo discreto de los billetes físicos. El escribano que participio se encuentra con otra causa en tramite vinculada a CREDITOS TRUCHOS que repartieron STRATTA y BAHILO para emprendedores.- El violento asalto al Corralón Almafuerte El 16 de julio de 2021 ocurrió un episodio de extrema violencia relacionado con esa transacción. Pablo Nicolás Ferreyra, corredor inmobiliario y socio de un corralón de materiales de construcción en Paraná, fue emboscado a la mañana al llegar a su local (Corralón Almafuerte, ubicado sobre Avenida José Hernández). Dos hombres armados lo interceptaron en el estacionamiento y le exigieron la mochila en la que llevaba el dinero en dólares. Ante la resistencia de Ferreyra, le dispararon hasta seis veces, hiriéndolo gravemente con dos balazos (en el hombro y el abdomen). Los asaltantes aprovecharon que la víctima cayó malherida, le arrebataron la mochila con aproximadamente ¿30.000 dólares? en efectivo y huyeron en un automóvil conducido por un tercer cómplice. Ferreyra quedó en estado crítico –sufrió neumotórax y lesiones internas graves– y estuvo al borde de la muerte durante días. Afortunadamente, logró recuperarse tras varias cirugías, pero el botín jamás fue recuperado por las autoridades. Este asalto conmocionó a la ciudad de Paraná. No era un robo al voleo: los delincuentes sabían con precisión que Ferreyra llevaría una fuerte suma de dólares ese día. De hecho, inicialmente se llegó a hablar de 150.000, para vcomo en los casos de droga parar en 40.000 dólares sustraídos, aunque luego se aclaró que eran 30.000. La coordinación del ataque y la información manejada indicaban la posible existencia de “entregadores” o instigadores con acceso a datos internos de la víctima. Rápidamente, la Fiscalía puso la mira en el entorno cercano de Ferreyra y en los partícipes de la transacción inmobiliaria. Investigación: sospechosos, entregadores e implicancias La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Mariano Budasoff (luego acompañado por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull). Desde un inicio, se sospechó de complicidad interna: “una persona muy allegada a la familia, que conocía la dinámica de los negocios, fue quien brindó estos datos”, reveló el primer fiscal en las audiencias. Esto llevó a allanar propiedades de gente del círculo de Ferreyra y a detener a varios sospechosos. Entre los primeros imputados estuvieron los dos autores materiales ya identificados por cámaras de seguridad –Luciano Federico Cuatrín y Jesús Raúl Alberto Lemos– y también personas del entorno de la víctima. Se detuvo a César Carlos Núñez Guerrero, un empleado de confianza de Ferreyra (jefe de obra en sus proyectos de construcción), y a Ariel Marcelo “Gordo” Sione, conocido barrabrava del club Patronato y con negocios particulares, que tenía relación con algunos involucrados. La hipótesis era que Núñez y Sione habrían actuado como instigadores o informantes (“entregadores”) que pasaron el dato del dinero a los asaltantes. De hecho, Lemos –uno de los tiradores– trabajaba para Sione (en una pescadería) tras haber salido de prisión, lo que los conectaba directamente. Asimismo, la pesquisa apuntó brevemente a otros posibles entregadores: se investigó al contador Horacio Armándola (quien erróneamente se rumoreó que era contador del corralón) y al abogado Carlos Guillermo Torrealday, socio comercial de Ferreyra. A Torrealday –que era copropietario de emprendimientos inmobiliarios con Ferreyra– lo señalaba el hermano de la víctima, insinuando que conocía de movimientos de dinero y había tenido roces económicos con Pablo Ferreyra. Sin embargo, tras allanamientos en su domicilio y oficina, no se hallaron pruebas contundentes contra él ni contra Armándola. En pocos meses, la Fiscalía decidió archivar las actuaciones respecto de ambos por “insuficiencia probatoria” que impedía siquiera formularles cargos. Es decir, las sospechas sobre el socio (Torrealday) y el supuesto “contador” quedaron descartadas formalmente por falta de evidencias. La situación de César Núñez también dio un giro: inicialmente detenido como posible instigador, terminó siendo sobreseído y se convirtió en testigo clave. Núñez denunció que mientras estuvo preso sufrió aprietes de Sione y Cuatrín para que él se inculpara del hecho –relató que lo amenazaron en la cárcel, incluso simulando asfixiarlo con bolsas de nylon para que se “haga cargo” del crimen–. Sus declaraciones terminaron incriminando más a Sione (y a Cuatrín) como organizadores del atraco. Por ello, hacia fines de 2021 la causa delineó un cuadro donde Sione figuraba como el principal instigador detrás de los dos autores materiales, mientras que Núñez pasó a ser un testigo colaborador. En total, cinco personas fueron imputadas en la causa: los dos autores materiales (Lemos y Cuatrín), el supuesto autor intelectual (Sione), y dos presuntos cómplices que finalmente quedaron fuera (Núñez y un tal Mario Godoy, inicialmente apuntado como chofer de los asaltantes). También se detuvo más adelante a Gonzalo Vega, un conocido de Núñez que habría comentado la idea de “hacer un golpe” similar; pero su participación en el hecho nunca se corroboró y también fue sobreseído. En octubre de 2022, el juez de Garantías elevó el caso a juicio con tres acusados principales: Cuatrín, Lemos y Sione, quedando desvinculados los demás sospechosos por falta de pruebas. El rol del juez Perotti y su salida anticipada Paralelamente, la investigación confirmó aquello que se rumoreaba: el “magistrado” mencionado en la operación inmobiliaria era efectivamente Hugo Perotti, quien debió dar explicaciones. El fiscal Budasoff aseguró públicamente que el juez aportaría su testimonio por escrito, amparado en las prerrogativas del Código Procesal, aclarando que “desde un primer momento está dispuesto a declarar y lo hará como corresponde”. Perotti, en su calidad de testigo, confirmó que el dinero robado formaba parte del pago por un terreno o propiedad en el que él estaba involucrado. Si bien legalmente su rol quedó como el de un damnificado indirecto (perdió el dinero que entregó) y testigo, el hecho de que un juez haya manejado una suma en dólares en efectivo bajo un contexto económico tan regulado resultó incómodo para la imagen del Poder Judicial provincial. No pasó desapercibido que la investigación no profundizó en posibles infracciones cambiarias o tributarias en torno a esa operación; el foco se mantuvo en el robo violento, evitando “salpicar” a un miembro de la Justicia con alguna figura penal. En la práctica, Perotti no enfrentó cargos ni sanciones por este episodio, pero el escándalo seguramente abonó su decisión de dar un paso al costado de la función judicial. De hecho, poco después de encauzada la causa, Hugo Perotti solicitó su retiro. A diferencia de otros magistrados entrerrianos que prolongan sus carreras aprovechando la ausencia de límite etario estricto a nivel provincial, Perotti decidió jubilarse anticipadamente. Su salida se concretó mientras rondaba los 65 años de edad, evitando así una exposición prolongada o un eventual juicio político si la situación escalaba. Es decir, no esperó la “senilidad” ni el final natural de su mandato: se fue en cuanto la tormenta del caso Ferreyra quedó medianamente atrás. “Perejiles” condenados y un sabor amargo En febrero-abril de 2023 llegó el desenlace judicial para los autores materiales. Lemos y Cuatrín aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado y fueron condenados a 10 años de prisión cada uno por robo agravado y tentativa de homicidio. Inicialmente se había pactado 8 y 10 años respectivamente, pero un juez rechazó por leves las penas y se elevó finalmente a una década para ambos. Así, estos dos hombres –meros ejecutores– terminaron tras las rejas, mientras que el tercer asaltante (el conductor del auto) nunca pudo ser identificado. Cabe señalar que Pablo Ferreyra, la víctima, desistió de continuar como querellante particular en el tramo final del proceso, manifestando su desinterés por las penas y sí su frustración por no haber recuperado el dinero robado. ¿Y qué ocurrió con Ariel “Gordo” Sione? A pesar de las fuertes sospechas en su contra (llamados telefónicos con Lemos, relación laboral, acusaciones de Núñez, etc.), su situación quedó en el limbo. Inicialmente iba a ser juzgado en un juicio por jurados como instigador, pero no hubo un juicio oral para él en simultáneo con los tiradores. Hasta donde trascendió, la causa contra Sione no prosperó en los tribunales: al faltar la declaración directa de Ferreyra (que no pudo identificar personalmente a ningún autor intelectual) y haberse retirado la querella, las pruebas indirectas podían resultar débiles ante un jurado. De ese modo, Sione habría logrado zafar de una condena, quedando impune el presunto “cerebro” detrás del atraco. En resumen, el caso terminó concentrándose en la condena de los ejecutores (los “perejiles”, como suele llamarse a los eslabones menores), mientras los posibles autores intelectuales u facilitadores internos no recibieron castigo. Esta conclusión dejó cierta sensación agridulce en la sociedad entrerriana, alimentando la percepción de que la Justicia evitó avanzar contra peces gordos para no ensuciar la investidura de un juez ni la de allegados con poder. La ONG “Entre Ríos sin Corrupción” y nuevas alianzas Tras su retiro, Hugo Perotti no se alejó del todo de la escena pública: reapareció, paradójicamente, como adalid de la lucha anticorrupción. En 2023 se integró a la recientemente creada ONG “Entre Ríos Sin Corrupción”, una asociación civil impulsada por sectores de la oposición y figuras de la sociedad civil para exigir transparencia en el Estado provincial. Perotti pasó a ser miembro activo de esta ONG, compartiendo paneles y conferencias sobre ética pública –un hecho que muchos interpretaron como un intento de limpiar su imagen luego del escándalo del corralón–. Incluso ha brindado entrevistas y charlas en medios locales en nombre de la organización, criticando la opacidad de los poderes legislativo y judicial en Entre Ríos. La movida generó tanto apoyo como críticas. Por un lado, la ONG recibió respaldo de Daniel Enz –director de la revista Análisis–, quien le dio difusión a sus actividades y causas. La propia ex procuradora anticorrupción Cecilia Goyeneche, destituida en 2022, fue nombrada socia honorífica de Entre Ríos Sin Corrupción y participa en sus eventos. Sin embargo, por otro lado, voces críticas señalan la contradicción de que en esta ONG convivan actores cuestionados. Un caso emblemático es el de Sebastián Orlando Bertozzi, contador y esposo de Cecilia Goyeneche, quien figura como uno de los principales impulsores de la asociación. Bertozzi estuvo implicado en el escándalo de los “contratos truchos” de la Legislatura (fue socio de un contador condenado por desviar fondos públicos) y su esposa fue removida precisamente por no haberse excusado de investigar ese caso pese a su vínculo personal. Un artículo de opinión local tildó de “cinismo y desfachatez” el hecho de que “un tipo implicado en gravísimos hechos de corruptela integre una ONG anticorrupta”, en referencia a Bertozzi. Estos cuestionamientos siembran dudas sobre la autenticidad de las intenciones detrás de la ONG, sugiriendo que podría haber motivaciones políticas o personales para lavar reputaciones bajo la bandera de la transparencia. En cualquier caso, la presencia de Hugo Perotti en Entre Ríos Sin Corrupción es sintomática de las complejas alianzas que surgen tras las crisis. El ex juez –que conoció de cerca los entresijos de la Justicia y sus límites cuando estuvo en la mira por el caso Ferreyra– ahora aboga por reformas y por una justicia más independiente. Durante un evento de la ONG en 2025, Perotti aportó sus opiniones sobre proyectos de ley de ética pública, presentándose como experto en la materia. Resulta irónico para muchos que quien fue pieza de un episodio turbio ahora se erija como paladín anticorrupción; pero otros consideran que precisamente esa experiencia lo sensibilizó para impulsar cambios desde fuera de la estructura estatal. Conclusiones El caso del juez Perotti y el asalto al corralón Almafuerte expone una trama donde se entrelazan corrupción, impunidad y oportunismo. Por un lado, mostró cómo la corrupción sistémica en Entre Ríos permite que grandes sumas de dinero circulen por fuera de controles (un juez manejando dólares en efectivo) y cómo, ante un delito violento, la investigación penal choca con pactos de silencio y termina conformándose con encarcelar a unos pocos responsables directos. Por otro lado, evidenció cómo ciertos protagonistas logran reciclar su imagen: Perotti evitó verse formalmente salpicado, se retiró antes de tiempo y hoy se presenta como activista anticorrupción, asociado a la ex fiscal Goyeneche y otros cruzados de la transparencia. Irónicamente, entre estos se cuentan personas que han estado bajo la lupa de la corrupción que dicen combatir. En definitiva, la historia de “los dólares del juez Perotti” deja lecciones agridulces. Para la familia Ferreyra significó la pérdida de sus ahorros y un trauma imborrable, sin verdadera reparación. Para la Justicia entrerriana, representó un desafío de credibilidad: se resolvió el caso a medias, sin ahondar en ciertas responsabilidades superiores, lo que alimentó la percepción de encubrimiento corporativo. Y para la sociedad, fue un recordatorio de que en la lucha contra la corrupción a veces no todo es lo que parece: los autoproclamados paladines pueden tener un pasado cuestionable, y las fronteras entre victimarios y justicieros se vuelven difusas. El tiempo dirá si figuras como Hugo Perotti realmente contribuyen a sanear las instituciones o si solo buscan resguardar sus propios legados bajo un nuevo disfraz. Por lo pronto, el caso Perotti ya forma parte de las “historias de ladrones” de la provincia, una crónica donde los ladrones de guante blanco y los de arma en mano terminaron convergiendo en una misma trama de impunidad.
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