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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 07/09/2025 00:30
Mañana se cumplen dos semanas de que Carolina Huck fue víctima de intento de femicidio por parte de su pareja, Mariano Corvalán, funcionario policial, quien luego quiso quitarse la vida. Ambos continúan internados en el Hospital Centenario y el caso sigue generando interrogantes, sobre todo lo que refiere a cuáles son las medidas que se toman para prevenir este tipo de hechos. El Jefe Departamental de la Policía Luis Báez dijo en Ahora Cero Radio que “tenemos muchos casos de denuncias realizadas por parejas, por violencia de género, sobre todo verbal, lo que se llama violencia psicológica”. De acuerdo a los datos aportados por la Comisaria del Menor y la Mujer, en lo que va del 2025 se recibieron 6 denuncias hacia policías por violencia de género. En este sentido, la jefa de División de Secretaría General y Personal de la Policía, Beatriz Gauna, explicó cómo se procede internamente cuando un funcionario policial es denunciado por violencia de género. Según detalló, el protocolo interno vigente desde 2015 se activa a través de la aplicación de una resolución interna —identificada como “contenido 862”— que establece los pasos preliminares. “Cuando tomamos conocimiento de una denuncia por violencia de género, notificamos al agente y a nuestro superiores, y se procede a la retención del arma reglamentaria por las actuaciones previsionales que se iniciaron”, indicó Gauna. También se eleva el acta a la Junta Médica Superior, instancia clave dentro del proceso administrativo. Puede interesarte En esa etapa, un resumen de la denuncia es presentado al grupo de profesionales de la salud, que convoca al funcionario para su evaluación. Esta junta está integrada por un psicólogo, un psiquiatra y un médico clínico que evalúa al funcionario denunciado. Luego de la evaluación, la Junta Médica emite un “apto parcial” que implica que el agente puede portar su arma reglamentaria únicamente durante su servicio, pero una vez finalizada la jornada, debe dejarla bajo resguardo. Mientras tanto, continúa realizando seguimientos periódicos, y solo cuando se cumplan las tres condiciones necesarias —evaluación médica favorable, resolución del sumario y cumplimiento de los reglamentos— se puede restituir el arma de forma definitiva. Respecto a la posibilidad de apartar a un agente de la fuerza, Gauna aclaró que esa decisión recae en las autoridades provinciales. “En el caso de violencia de género es muy raro que se lo aparte, salvo que tenga más denuncias”, dijo, y añadió que cuando un funcionario es notificado en este tipo de causas, debe obligatoriamente cursar y aprobar una capacitación en violencia de género, que se dicta en Paraná, actualmente también de forma virtual. La jefa subrayó que desde la implementación del protocolo, también se mantiene un contralor continuo sobre las actuaciones administrativas y judiciales del funcionario, independientemente del seguimiento médico. La frecuencia de estos casos, aseguró, “se mantiene”: “Hay años con una o dos denuncias, otros con cuatro o cinco”. Sin embargo, admitió que la magnitud del último hecho conocido sorprendió a toda la fuerza. “Es la primera vez que tenemos un caso de la magnitud del último hecho que involucró a Corvalán. Nos sorprendió, porque no notamos ningún indicio. Generalmente, se puede alertar cuando un funcionario está mal”. Puede interesarte A raíz del intento de femicidio, Gauna contó que volvieron a recordarle a todos los agentes que disponen de un equipo de profesionales a su disposición. “Siempre de nuestra parte hubo este acompañamiento, lo que pasa que algunas veces los funcionarios son reacios a ir con nuestros psicólogos. Muchos entienden que ir al psicólogo o al psiquiatra es sólo para cuando tienen un problema, y no es así, es una herramienta más que tenemos para brindarles. Por suerte, ahora hay más apertura, y hay más funcionarios que se animan a pedir ayuda. Nunca se deja de insistir y cada jefe directo le inculca a su personal que tenemos el cuerpo de psicólogos a disposición”, subrayó. Por otra parte, desde la Fiscalía de Género indicaron que hay dos sentencias condenatorias que están esperando quedar firmes y que involucran a agentes de la policía. Una de las condenas contempla 3 años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, que fue confirmada por Casación el 19/08/2025. Y otra que fue elevada a la Cámara de Casación Penal de Concordia, y que tiene a dos condenados a la pena de dos años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso y la inhabilitación especial por dos años y ocho meses para ejercer todo cargo público por el delito de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, en contexto de violencia de género.
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