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» tn24
Fecha: 06/09/2025 18:31
Una mujer con discapacidad presentó este viernes una acción de amparo ante la Justicia Federal de La Plata para reclamar la inmediata vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya sanción fue ratificada por el Congreso tras el rechazo a los vetos presidenciales. La presentación judicial busca frenar cualquier intento del Gobierno nacional de dilatar su aplicación, lo que —según argumentan— pondría en riesgo derechos fundamentales. El amparo fue interpuesto con el patrocinio de la abogada Valeria Carreras, quien solicitó además una medida cautelar para que el Ejecutivo se abstenga de implementar acciones que impidan la puesta en marcha de la normativa, considerada vital para garantizar la atención integral de miles de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. “La promulgación de la ley es obligatoria. Pretender lo contrario significa desconocer el sistema republicano de división de poderes y atentar contra la democracia misma”, advirtió Carreras. El escrito judicial califica como un “acto de gravedad institucional” la decisión del Poder Ejecutivo de judicializar la norma ya aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Además, afirma que esa postura contradice principios básicos de la Constitución Nacional y compromete la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina. Desde el equipo legal señalan que no existe otra vía efectiva para frenar lo que describen como una actitud lesiva contra los derechos de las personas con discapacidad. La demanda reclama que se garantice el cumplimiento pleno de la ley y se dicten medidas cautelares de “no innovar” que obliguen al Gobierno a respetar la voluntad del Poder Legislativo. El caso podría abrir un nuevo frente judicial para la administración nacional, que ya enfrenta críticas por su negativa a implementar la ley, cuyo objetivo es declarar la emergencia en el sector de la discapacidad, asegurando el acceso a prestaciones, tratamientos, educación y movilidad para miles de personas afectadas. La causa quedará ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá decidir si concede la medida cautelar y ordena la aplicación inmediata de la ley tal como exige el amparo.
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