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» Diario Cordoba
Fecha: 06/09/2025 16:02
Lo que está ocurriendo con la vivienda en este país va camino de convertirse en un conflicto mucho más grave que la percepción cortoplacista que tenemos ahora. Ya el pasado mes de enero, un estudio recogía que el 74% de la población española cree que no se está prestando la suficiente atención a este asunto. Además, señalaba que la ciudadanía de España también es la más descontenta en Europa con su situación personal en esta materia. Sin embargo, como informaba este periódico hace unos días, en Córdoba se mantiene al alza tanto la firma de hipotecas como el pago de viviendas a tocateja. La pregunta es obvia: ¿quiénes son esos compradores? ¿Qué utilidad le darán a esa propiedad? Podríamos seguir lanzando interpelaciones, aunque en todos los casos sería complicado encontrar una respuesta nítida. El sentir generalizado es que la dificultad para acceder a un piso o a una casa en la que vivir es una cuestión meramente social a la que hay que buscar una salida. Pero no podemos quedarnos sólo en eso. Se trata de un problema que tiene una serie de ramificaciones que no siempre se tienen en cuenta y que tal vez nos impide a la ciudadanía valorar realmente la gravedad de la cuestión sobre la que estamos hablando. En primer lugar, la falta de acceso a la vivienda se está convirtiendo ya de facto en un obstáculo para el crecimiento económico. Son muchos los casos de empresas que necesitan contratar personal para el desarrollo de su actividad y que se encuentran con la negativa de los aspirantes a ese puesto de trabajo ante la imposibilidad de encontrar un alquiler a precios asequibles. De comprar, ni hablamos. Así las cosas, la movilidad laboral se está viendo condicionada de tal forma que incluso en algunos portales de empleo los candidatos desechan cualquier oportunidad de empleo en grandes ciudades o en puntos de interés turísticos, donde los arrendamientos son desorbitados. También hemos visto empleados de esa misma industria turística que, ante la necesidad de trabajar, se ven obligados a hospedarse en tiendas de campaña o a ocupar edificios abandonados en condiciones indignas. Pero hay más, porque también está perjudicando a la formación de nuestros jóvenes y al desarrollo de nuevos talentos. De hecho, hay casos de estudiantes que se han ganado a pulso entrar en determinadas universidades y que han renunciado a su plaza por la imposibilidad de encontrar no ya un alquiler razonable, sino una habitación decente en la que alojarse. Así pues, la vivienda no sólo es un problema de orden social, sino económico y educativo, como poco. Lo complicado es conjugar las medidas necesarias para salir de esta espiral. Y en este punto, hay que hacer una reflexión que en España parece que eludimos, no sé si de forma intencionada o porque no somos conscientes de ello. A diferencia de otros países, aquí hemos heredado la concepción de que tener una propiedad inmobiliaria supone disponer de un patrimonio con el que especular, una inversión refugio que nos ofrece la posibilidad de rentabilizar, lícitamente, nuestros ahorros. Mientras, en otras sociedades europeas una edificación se concibe como un bien de uso, lo cual no impide que haya un mercado, más o menos regulado, de compraventa o de alquileres, pero el matiz en cuanto a cómo se percibe la posesión de una casa es importante a la hora de buscar soluciones habitacionales. El objetivo de toda sociedad no debe ser únicamente que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda, ya sea como titular o en arrendamiento, sino crear además las condiciones para que ese inmueble se convierta en un hogar, algo que parece que se nos olvida. Resolver un conflicto de esta magnitud no es sencillo y requiere de acciones arriesgadas por parte de todos, tanto de los poderes públicos como de los económicos y de la población en su conjunto. No hay soluciones milagrosas, pero mientras se buscan, deberíamos echar mano con más frecuencia de lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». *Presidente de la Federación Provincial de Comercio Córdoba y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba.
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