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Crespo » Estacion Plus
Fecha: 06/09/2025 08:50
La causa judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la apertura del celular de Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud y uno de los hombres de confianza de Diego Spagnuolo. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó que logró acceder sin dificultad al dispositivo, ya que fue entregado encendido y con la contraseña. El informe preliminar ya fue remitido al fiscal federal Franco Picardi, quien conduce la investigación. Una pieza clave en la trama de sobornos Garbellini fue mencionado en las grabaciones que dieron origen a la causa, que busca determinar si existió un esquema de sobornos en torno a la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina SA. Su rol es considerado central, dado que estaba a cargo de las adquisiciones dentro del organismo. El análisis forense del teléfono aún no comenzó, pero se espera que el contenido —llamadas, mensajes, correos y documentos— pueda aportar información sobre la presunta ruta de los pagos ilegales. La fiscalía mantiene el secreto de sumario por al menos diez días más. Los otros dispositivos bajo la lupa El caso incluye también los celulares de Diego Spagnuolo y de Emmanuel Kovalivker, dueño de la droguería investigada. En el primer caso, el análisis todavía no se inició. En el segundo, los peritos se encontraron con un obstáculo mayor: el empresario entregó su teléfono de alta gama con batería, pero sin la contraseña. El informe inicial de la DATIP reveló que había información borrada, aunque por limitaciones tecnológicas aún no pudo recuperarse. El expediente, judicializado apenas 24 horas después de que los audios se hicieran públicos, apunta contra una trama que involucra a figuras de alto nivel. Entre los mencionados se encuentran el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei —secretaria General de la Presidencia—, el funcionario Eduardo “Lule” Menem, además de Spagnuolo y Kovalivker. La hipótesis de la fiscalía es que los implicados habrían participado de un esquema de cobro y pago de coimas ligadas a la provisión de medicamentos, con posible afectación de fondos públicos. Los delitos bajo análisis son cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. El caso, que investiga también la posible existencia de una asociación ilícita, se convirtió en una de las causas judiciales más sensibles de la gestión actual. El contenido del celular de Garbellini, ya en manos de la justicia, podría ser decisivo para confirmar o desmentir las sospechas, consignó Cadena3.
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