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  • Procesan a 13 vinculados al Tren de Aragua por su participación en organización criminal en Corrientes

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 06/09/2025 07:07

    Once ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino, detenidos hace cuatro meses en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes por sus supuestos vínculos con el Tren de Aragua, han sido procesados con prisión preventiva como miembros de esa organización criminal transnacional. También se les imputa financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos, en el contexto de una investigación iniciada en 2023 por los fiscales Flavio Adrián Ferrini (Fiscalía Federal N°1 de Corrientes), Santiago Marquevich (Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada – UFECO) y Diego Velasco (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – PROCELAC). Los procesamientos fueron dictados ayer por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, a cargo del juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, quien además ordenó el embargo de un millón de pesos para cada uno de los acusados. De los 13 imputados, ocho son hombres y cinco mujeres. La mayoría son venezolanos, aunque hay también una colombiana y un argentino; varios de los extranjeros han obtenido nacionalidad argentina. El juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” según el artículo 210 ter del Código Penal, introducido por la Ley 27.786, que establece penas de entre 8 y 20 años de prisión. El principal imputado es Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la “Banda del Yiyi”, vinculada al Tren de Aragua. Con pedido de captura internacional, fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal en la ruta N°43 de Corrientes. Actualmente, se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, clasificado como “alto riesgo”. Boscán Bracho fue procesado por tres delitos: ser miembro de la organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La misma resolución aplica a otros cinco acusados, identificados por las iniciales E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S. y J.A.L.G. Tres mujeres, M.A.B.C., A.M.D.C. y M.C.D.C., fueron procesadas por los mismos tres delitos, aunque conservan su arresto domiciliario. Mientras tanto, dos mujeres, M.D.V.C. y M.T.D.C., y dos hombres, F.J.D.C. y D.E.A., fueron procesados solo por organización criminal y lavado de activos. El presunto líder ya estaba detenido en Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron arrestados durante una serie de allanamientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal el 28 de mayo en domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en Ezeiza y La Plata, y en la capital correntina. Los acusados forman parte del entorno familiar de “Yiyi” Boscán Bracho, quien llegó al país desde Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y, al momento de su detención, vivía en un barrio privado de Corrientes. El venezolano enfrenta un pedido de extradición por parte de su país por delitos como extorsión, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, terrorismo, tráfico de armas y municiones, así como obstrucción de la libertad de comercio. El juez Fresneda indicó que “en este caso, se aprecia que las personas investigadas pertenecen a una organización criminal transnacional estructurada, con roles bien definidos, capacidad operativa sostenida y un sistema económico oculto de posicionamiento y movimiento de fondos, que opera de manera estable en Argentina, bajo el liderazgo de Boscán Bracho”. Destacó que esta organización muestra un alto grado de planificación y logística, lo que ha permitido a sus miembros establecerse en el país en un corto período, evidenciando además una notable capacidad económica reflejada en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, algunos de ellos de gran valor patrimonial. El juez también recordó que el Tren de Aragua está incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), a raíz de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. Esto se produjo después de que el 20 de febrero pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. la designara como “Organización Terrorista Extranjera”. A raíz de la detención de Boscán Bracho, la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC iniciaron una investigación preliminar en octubre de 2023 para determinar si había replicado en Argentina algunos de los delitos que motivaron su búsqueda y/o si había cometido otros, como el lavado de dinero. Mediante diversas medidas investigativas, como la intervención de líneas telefónicas y la autorización del levantamiento del secreto bancario, los fiscales, junto con el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, identificaron a las otras 12 personas procesadas, atribuyéndoles maniobras relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La investigación reveló que la organización operaba en Argentina desde la llegada de “Yiyi” en 2019, utilizando identidades falsas y estructuras familiares para ocultar fondos ilícitos. Se identificaron dos células principales: una dirigida por un primo de Boscán Bracho y otra por su pareja, quienes mantenían contacto con él, incluso después de su detención. El grupo adquirió campos, diversas propiedades (algunas en countries) y locales comerciales, como un centro de estética en La Plata. También se registró un patrón de transferencias entre familiares, sin justificación económica válida. Uno de los lugares allanados en la Capital Federal fue un local de “Western Union” en el barrio de Colegiales, donde se identificó un circuito paralelo de transferencias bajo el nombre de “Giro Activo”, utilizado para enviar y recibir fondos entre Venezuela y Argentina. Según el análisis patrimonial y financiero, se estimó que las operaciones relacionadas rondan los 120 millones de pesos. Ferrini, Marquevich y Velasco también acusaron a los procesados de financiar actividades del Tren de Aragua desde Argentina. El juez concluyó que “el esquema de lavado de activos descrito se enmarca en una organización criminal dedicada a la recolección y provisión de fondos para financiar actos de terrorismo, generando condiciones de control territorial violento”.

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