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» Diario Cordoba
Fecha: 05/09/2025 00:18
El juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a una acusada de amenazar de muerte a un abogado y a sus hijos. En este sentido, la sentencia recoge como probado que la encartada acudió al despacho del profesional para exigirle que solucionase "la denegación de la suspensión de la pena de prisión" a un hombre que había sido condenado en un procedimiento donde este ejerció la acusación particular. De esta forma, el fallo indica que la acusada amenazó a la víctima, indicándole que si no actuaba como le exigía, "lo iba a matar" o sus hijos, cuyos nombres mencionó, sufrirían un accidente, "dado que a él ya la queda poco tiempo". Cuando ocurrieron los hechos, el abogado se hallaba reunido con un cliente, quien declaró que había escuchado que la señora amenazaba a este profesional con "echarlo por la escalera" si no hacía lo que le solicitaba y que nombró también a sus hijos. Prisión y multa La jueza afirma que la acusada debe ser condenada por un delito de obstrucción a la Justicia, que absorbe el delito de amenazas, del que finalmente queda absuelta. Por ello, le impone dos años de prisión y una multa de 2.160 euros, así como el abono de las costas. La sentencia puede ser apelada ante la Audiencia provincial de Córdoba. Carlos Arias: "Es intolerable" El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha ejercido la acusación particular en este procedimiento. En un comunicado, ha denunciado que situaciones como estas evidencian que "la abogacía no puede ejercer su labor en un ambiente de intimidación. No podemos admitir que los profesionales, en el ejercicio de sus funciones, se enfrenten a situaciones que comprometen su libertad, su independencia y su integridad". Así, el colegio explica que, en este caso, "el tribunal entiende que tales expresiones perseguían alterar el desarrollo de la actuación procesal del abogado, elemento nuclear del tipo penal de obstrucción a la Justicia". Entre otras ideas, Carlos Arias ha transmitido a la ciudadanía que es "intolerable cualquier actuación que intente influir en la labor profesional de los abogados a través de coacciones o amenazas y que, de producirse, corren el riesgo de ser condenados por ello".
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