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Parana » Bicameral
Fecha: 04/09/2025 23:45
El Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con esta decisión, la Cámara Alta reafirmó la vigencia de una norma que busca dar respuesta a la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sistema. La iniciativa había sido sancionada a mediados de agosto y su aplicación había quedado en suspenso tras la decisión del Poder Ejecutivo de vetarla. El rechazo del Senado despejó esa incertidumbre y consolidó el marco legal para enfrentar las dificultades que genera la falta de financiamiento a prestaciones, el cierre de centros de día y la pérdida de cobertura de terapias esenciales. En este marco, la senadora entrerriana Stefanía Cora (Unión por la Patria) acompañó la postura a favor de la emergencia en discapacidad. Durante su intervención, destacó la importancia de interpretar correctamente las cifras oficiales: “Si en el año 2001 había alrededor de 75.000 beneficiarios de pensiones por discapacidad y hoy son 1,2 millones, es porque desde 2003 hubo una decisión política y Argentina asumió el compromiso de respetar lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Asimismo, reflexionó: “Lamento mucho que estemos viviendo este presente. Vine por ocho meses a este Senado, en reemplazo de un senador expulsado por este mismo cuerpo. Miren, ataquen a periodistas, maltraten a las personas con discapacidad, a los adultos mayores o a los chicos del Garrahan. Hay algo con lo que no van a poder: el compromiso y la defensa irrestricta de la nación y de la patria que algunas personas tenemos en la Argentina. Lo que nunca van a poder con este gobierno de ignorantes, crueles y chorros es quebrar la voluntad de que el pueblo viva dignamente”. El debate también puso en foco el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), basado en audios filtrados en los que Diego Spagnuolo, entonces director del organismo, describe un presunto mecanismo de sobornos vinculados a la compra de medicamentos. En esas grabaciones, se menciona que las empresas proveedoras debían pagar un 8 % de retorno, parte del cual se dirigía, según el relato atribuido, a Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem, mediante la droguería Suizo Argentina. Estas revelaciones desencadenaron allanamientos en la ANDIS y en la droguería, donde la Justicia secuestró celulares, dinero en efectivo y otros elementos relevantes.
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