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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 04/09/2025 11:12
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, acompañado por más de una decena de legisladores libertarios —entre ellos el titular de la Cámara baja, Martín Menem— presentó un proyecto de ley que busca reglamentar de manera específica la obligación constitucional del jefe de Gabinete de informar al Congreso sobre “la marcha del gobierno”. La iniciativa pretende poner orden en una práctica que, desde la reforma de 1994, ha generado más tensiones que resultados. Según el texto, el objetivo es devolver a esa instancia su naturaleza política e institucional, limitando los excesos que en los últimos años la convirtieron en un espacio de confrontación estéril. Cabe recordar que el propio jefe de Gabinete actual, Guillermo Francos, ha expresado públicamente y en el mismísimo recinto el deseo de modificar el esquema de los informes de gestión, por lo que era de esperar que más temprano que tarde este reclamo se transformara en un texto a debatir. Un esquema con tiempos y temas definidos El proyecto establece que el jefe de Gabinete deberá acordar con la Cámara respectiva la fecha de su informe con un mes de antelación. La exposición se organizará sobre tres ejes: dos seleccionados por el propio funcionario y uno elegido por los bloques parlamentarios. La duración máxima de la sesión informativa será de tres horas, publicó Parlamentario. Concluida la presentación, los legisladores podrán intervenir para realizar observaciones, solicitar aclaraciones o expresar consideraciones políticas. Finalmente, el jefe de Gabinete tendrá un espacio de cierre para responder y fijar su posición. Cuando se trate de asuntos complejos, podrá dar respuestas por escrito en una instancia posterior. Además, el proyecto ordena la publicación de los informes en los sitios oficiales del Congreso y de la Jefatura de Gabinete, para garantizar su difusión pública. También obliga a ambas cámaras a adecuar sus reglamentos internos a estas disposiciones. En los fundamentos, Bornoroni advirtió que la práctica actual “ha perdido eficacia política” y terminó generando un “beneficio escaso para cualquiera de las partes”. La propuesta libertaria, aseguró, busca “generar un mecanismo de cooperación ágil entre poderes, con saldos institucionales positivos y ejercicio pleno de la responsabilidad política”. El legislador cordobés resaltó que la obligación constitucional del jefe de Gabinete no debe confundirse con otros mecanismos de control, como las interpelaciones o los pedidos de informes. A su juicio, la confusión actual terminó transformando estas sesiones en un escenario de desgaste para el Ejecutivo y de escasa utilidad para el Legislativo. “La pretensión de que el jefe de Gabinete responda cualquier pregunta individual, sin límite alguno, en el marco de una única sesión, es inapropiada. Para ese tipo de requisitorias existen las vías institucionales correspondientes”, argumentó. Los antecedentes La obligación de concurrir al Congreso fue incorporada en la reforma constitucional de 1994. Desde entonces, cada jefe de Gabinete definió su relación con el Parlamento de manera distinta: algunos se sometieron a un intenso ida y vuelta con la oposición, mientras que otros buscaron reducir al mínimo su exposición. Hubo sesiones recordadas por sus choques políticos. Jorge Capitanich, en tiempos de Cristina Kirchner, protagonizó enfrentamientos con legisladores opositores. Marcos Peña, bajo la presidencia de Mauricio Macri, fue uno de los que más informes presentó, pero también sufrió cuestionamientos por la falta de profundidad de las respuestas. En la gestión de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y luego Juan Manzur no se caracterizaron por cumplir con la manda constitucional de asistir mensualmente. Con los años, el mecanismo se fue desnaturalizando: las preguntas se multiplicaron hasta volverse inabarcables, mientras que los pedidos de informes formales —que deberían canalizarse por resolución de las cámaras— quedaron relegados. El trasfondo político El proyecto libertario busca ahora uniformar criterios, poner límites claros y evitar que la obligación constitucional se convierta en un “show parlamentario”. Sin embargo, en la oposición se descuenta que habrá cuestionamientos: para amplios sectores, la iniciativa podría interpretarse como un intento de recortar herramientas de control político al Ejecutivo. Si el debate avanza, la clave estará en cómo se negocie la letra fina en comisiones. Si prospera, el proyecto significará un cambio en la dinámica de la relación entre el Congreso y la Jefatura de Gabinete, que desde 1994 funciona con reglas dispersas y, muchas veces, según la voluntad del funcionario de turno. En medio de un clima legislativo marcado por la tensión entre oficialismo y oposición, la propuesta de Bornoroni abre un debate de fondo: ¿se trata de ordenar un mecanismo que ya no funciona, o de blindar al Ejecutivo de la crítica parlamentaria?
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