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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/09/2025 23:02
Los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, junto al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presentaron este miércoles un reclamo administrativo conjunto exigiendo al presidente Javier Milei que cumpla con la obligación constitucional de enviar al Senado los pliegos necesarios para cubrir las vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público. El documento señala que “desde el inicio del actual mandato presidencial, asumido el 10 de diciembre de 2023, no ha sido remitido ningún pliego al Senado, en cumplimiento de la manda constitucional”. En el brindis por el Día del Abogado ya se había anticipado esta decisión, y entre los firmantes del escrito se encuentran: el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; Raúl Aguirre Saravia, vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Rosalía Silvestre, al frente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Los firmantes del documento, que consta de nueve páginas, advirtieron que no “hay servicio de justicia si no hay jueces a cargo de tribunales, fiscalías y defensorías“, subrayando que sin ellos es imposible defender los derechos que la Constitución y la ley garantizan a los ciudadanos de la República Argentina. Enfatizaron que actualmente existen más de 180 vacantes en el Poder Judicial, lo que, según el escrito, “consolida la violación de las garantías judiciales del debido proceso, entre ellas la garantía del juez natural y el principio de plazo razonable”. Se hace hincapié en que este reclamo no es una decisión política opcional, sino un deber constitucional: “No debe haber intención de avanzar en el envío de los pliegos, debe remitirlos”. De inmediato, el texto cita a Javier Milei, quien en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo afirmó: “Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60 por ciento de su capacidad. Esperamos que la política no politice la aprobación de los pliegos”. De hecho, fundamentan su reclamo en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho al debido proceso y a ser juzgado por un juez competente e imparcial. También hacen referencia al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. Por último, advierten que, si persiste la inacción del Ejecutivo, recurrirán a la vía judicial: “Si el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo su obligación constitucional, presentaremos la demanda judicial correspondiente”. El Colegio de Abogados cuestionó al juez que dictó la cautelar sobre los audios atribuidos a Karina Milei El Colegio de Abogados de Buenos Aires rechazó la medida cautelar del juez Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de los audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en la causa por la presunta compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A partir de un comunicado titulado “No a la censura“, sostuvieron que esta resolución “constituye un grave acto de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional”. Subrayan que estas normativas protegen uno de los pilares de la democracia constitucional: la libertad de expresión. Además, recuerdan que la Corte Suprema de Justicia ha afirmado en reiteradas ocasiones que la libertad de expresión ocupa “un lugar preferente en el sistema republicano” y que cualquier limitación debe aplicarse de manera restrictiva. En este sentido, el escrito aclara que no se trata de la difusión de aspectos privativos, sino de hechos relacionados con la vida pública y el funcionamiento institucional de la República. Según el Colegio: “Indudablemente, al involucrar asuntos de interés político y estatal, resulta inadmisible cualquier intento de silenciar o controlar preventivamente la información, ya que esto priva a la sociedad del derecho a estar informada”. El comunicado fue firmado por Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Rosalía Silvestre, presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. MV / Gi
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