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» Diario Cordoba
Fecha: 03/09/2025 10:08
A pesar de tener elecciones en Andalucía y Castilla y León este curso político y a pesar de la invitación del Gobierno a destinar el ahorro a sanidad y educación, las comunidades del PP mantienen, por ahora, su decisión de rechazar el perdón de una parte de la deuda autonómica que les propone Pedro Sánchez. La crisis de 2008 llevó a la mayoría de ellas a pedir dinero prestado para mantener los servicios públicos, unas hipotecas que siguen pagando a día de hoy y cuyo último recibo ni se atisba en el horizonte. "Hacer una campaña con los socialistas recordándote que podrías tener centenares de millones más para sanidad y educación no es fácil", afirma un parlamentario del PP El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica que busca perdonar 83.252 millones de euros de deuda pública a las comunidades de régimen común (todas menos Euskadi y Navarra). La iniciativa de aliviar la carga a las autonomías no es una idea nueva. Ahora está sobre la mesa porque la exigió ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero en 2018, con Mariano Rajoy (PP) en la Moncloa, se incluyó una disposición adicional en los Presupuestos de aquel año para aprobar una quita parcial o total de la deuda que entonces tenían las autonomías con el Estado o una mejora de las condiciones de los préstamos. En todo caso, ahora, las comunidades del PP rechazan la idea de acogerse a esa quita (es voluntario hacerlo) por considerar que es una "cesión" de Sánchez a los independentistas y un instrumento para poder continuar en la Moncloa. En privado y sin cámaras, algunos altos cargos autonómicos bajan el tono y no son tan contundentes. De hecho, pese a las diversas reuniones que en los últimos 13 meses ha convocado Alberto Núñez Feijóo para hablar de financiación autonómica y en las que los populares han criticado la quita de la deuda, ninguno de los documentos firmados por los barones ha contenido el expreso rechazo de la condonación. Con la medida aprobada por el Consejo de Ministros, que deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados cuando acabe toda la tramitación, las autonomías podrán ahorrarse entre 6.600 y 6.800 millones en intereses, una cuantía que este martes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó por primera vez que podrá ser destinada a "gasto social, para educación, para sanidad o para cualquier competencia autonómica". No lo ven posible en el PP ni tampoco en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este organismo considera que el ahorro por el pago de intereses solo se puede destinar a sanear la deuda pública no a más gasto, sea este del tipo que sea. Debate sobre el destino del ahorro El posible fin de esos casi 7.000 millones no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones autonómicas a las que se enfrentan los conservadores Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y Juanma Moreno en Andalucía. "Hacer una campaña electoral con los socialistas recordándote constantemente que podrías tener centenares de millones más para sanidad y educación no es fácil", afirma un parlamentario del PP, que no se atreve a asegurar que ninguna autonomía pedirá la condonación. Sin embargo, hasta ahora, los conservadores son un bloque y repudian la condonación, animados por la dirección nacional de Génova, que este martes subrayó el mensaje por boca de Miguel Tellado (secretario general) y Noelia Núñez (portavoz en el Congreso). Desmarque de La Rioja "No tenemos un problema de deuda. Es mucho mejor que la catalana. Tenemos solvencia. Vamos a salir al mercado. Esto es para mantenerse [Sánchez] en el poder", afirmó Moreno pese a que Andalucía sería la autonomía más beneficiada con esta medida (18.791 millones de euros condonados). La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ve el movimiento del Gobierno como "un juego de trilerismo para engañar a todos, incluso a los catalanes". Al ser preguntada sobre si su Ejecutivo se acogerá a la propuesta, Prohens dijo no querer "entrar a hablar sobre el tema" y no concretó. Solo Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, se mostró el lunes abierto a sumarse a la iniciativa (448 millones en el caso de esa autonomía) aunque le parece "injusta" la cifra en comparación con la de Catalunya (17.104 millones), teniendo en cuenta el reparto por ciudadano: a cada riojano se le condonarían 1.360 euros frente a los 2.200 de cada catalán. La dirección nacional del PP aseguró este martes que Capellán no había querido decir eso y se le había entendido mal. Recurrir a los tribunales El Gobierno de la Xunta de Galicia anunció que va a estudiar recurrir en los tribunales la quita, porque, según su consejero de Presidencia, Diego Calvo, hay un "trato discriminatorio" para las comunidades con menos deuda, como es el caso de Galicia. En la Comunidad de Madrid, no crean que la quita sea una "solución" y piden un nuevo modelo de financiación autonómica global (caducado desde 2014). Jorge Azcón, presidente de Aragón, destacó que la quita no implica el perdón sino la mutualización de la deuda, que pasa de las autonomías al Estado. "Las deudas de los catalanes quieren que las paguemos los aragoneses", afirmó. "A Sánchez le interesa seguir contentando a sus socios en Catalunya y por eso se hace el reparto de la deuda", añadió. Fuentes de la Comunitat Valenciana explicaron que Carlos Mazón ve esta propuesta como "un caramelo envenenado" y aseguró que "ninguna comunidad del PP" lo aceptará. Suscríbete para seguir leyendo
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