04/09/2025 22:33
04/09/2025 22:33
04/09/2025 22:33
04/09/2025 22:32
04/09/2025 22:32
04/09/2025 22:32
04/09/2025 22:32
04/09/2025 22:32
04/09/2025 22:31
04/09/2025 22:31
» Diario Cordoba
Fecha: 03/09/2025 10:06
Antes de las vacaciones los casos de corrupción que afectan al PSOE empujaron al Gobierno a presentar un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Así, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas en la administración se diseñaban acciones destinadas a fortalecer la transparencia, a promover la integridad y a mejorar los mecanismos de control y de coordinación entre instituciones. Y para darle cumplimiento en el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego se ha probado la creación de la Comisión Interministerial de Integridad Pública, el órgano encargado de coordinar y de supervisar el plan. Justamente en el intervalo entre una decisión y otra se ha hecho público el último informe del GRECO sobre la corrupción en España que señala que nuestro país no ha cumplido plenamente ninguna de las 19 recomendaciones emitidas desde 2019, y detecta deficiencias relevantes en ámbitos clave. Entre ellas, la ausencia de una regulación clara y homogénea de los asesores políticos y cargos de confianza, la debilidad de los mecanismos para prevenir y gestionar conflictos de interés, y el mantenimiento de los aforamientos, que limitan la acción de la justicia en casos que afectan a responsables públicos, al tiempo que también critica la falta de transparencia en las relaciones entre cargos políticos y grupos de presión, la escasa vinculación de los códigos éticos con sistemas sancionadores efectivos, y la limitada independencia de los órganos encargados de supervisar la integridad institucional. Un buen tirón de orejas. La propuesta del Gobierno trata de corregir algunas de estas deficiencias pero otras siguen sin subsanarse. Ni los órganos encargados de prevenir, investigar y sancionar la corrupción se prevén totalmente independiente ya que el plan no incluye mecanismos claros de protección ante las presiones políticas; ni se protege suficientemente a quienes denuncian irregularidades, lo cual es clave para que la ciudadanía pueda colaborar y detectar la corrupción a tiempo; ni se aborda con suficiente detalle la transparencia y el control en la financiación política, un área especialmente vulnerable y problemática que ningún partido, como consecuencia del problema del regulador regulado, tiene interés en abordar; ni tampoco se resuelve el tema de los asesores ni de los aforamientos. Sigue por tanto habiendo demasiados huecos. El descontento ciudadano vuelve a crecer y la corrupción vuelve a situarse como uno de los principales problemas según el CIS, como hace una década, un aviso tras el cual poco se hizo. Tan poco que la iniciativa del Gobierno no nace fruto de la convicción sino que de la necesidad, algo que genera muchas dudas acerca de su voluntad sincera de acometer reformas. Unas dudas extensibles al PP que en este ámbito afronta los mismos problemas que el PSOE y adolece del mismo inmovilismo. Hace diez años ambos partidos lograron salvarse pero ahora, en un contexto diferente, si siguen sin tomarse la corrupción en serio, quizás ya no estén a tiempo. *Profesora de Ciencia Política de la Universitat de Valencia y miembro del Comité Editorial de El Periódico
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por