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Fecha: 02/09/2025 20:53
El reciente avance institucional en la provincia de Santa Fe ha sido calificado como un hecho histórico no solo para esa provincia, sino también para el país. Así lo expresó el Dr. Enrique Marchiaro, abogado constitucionalista y doctor en ciencias jurídicas, especializado en autonomías municipales en diálogo con La Barra de Casal. Según Marchiaro, “las constituciones no son mágicas”, pero proveen herramientas esenciales para resolver problemas complejos. En un mundo en constante transformación, donde el rol de los municipios ya no es el mismo que hace 30 años, esta reforma representa una actualización necesaria para enfrentar desafíos actuales con más eficacia. El concepto de autonomía municipal se sustenta en dos pilares fundamentales: autogobierno y autonormación. Autogobierno implica que las autoridades municipales —intendentes o presidentes comunales— tienen la capacidad política de definir sus propios planes y prioridades, sin depender de órdenes de gobiernos provinciales o nacionales. En palabras del Dr. Marchiaro, “un intendente tiene la misma jerarquía que un presidente de la Nación o un gobernador, dentro de su ámbito competencial”. Autonormación se refiere a la facultad de dictar su propia carta orgánica, una especie de constitución local de tercer grado. Alrededor de 200 municipios en Argentina ya cuentan con su propia carta orgánica, como Córdoba y Bariloche, lo que les permite organizar sus instituciones con una visión local propia. Marchiaro remarcó que la autonomía municipal no es un “vale todo”. Está limitada por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Sin embargo, bien utilizada, permite una reconfiguración del Estado, donde los municipios pueden ser actores principales en la resolución de problemas sociales profundos como las adicciones, el juego compulsivo o el cuidado de personas mayores. “La autonomía permite que el país y la democracia se desarrollen de abajo hacia arriba” Una de las objeciones más frecuentes a la autonomía es que sin dinero no puede sostenerse. Marchiaro responde con firmeza: “No estoy de acuerdo”. Aunque reconoce que los recursos son importantes, también enfatiza que muchas políticas públicas pueden implementarse sin grandes presupuestos, especialmente aquellas que se basan en el trabajo comunitario, como las redes de prevención en salud o programas de inclusión social. Santa Fe deberá avanzar, como lo hizo Córdoba, en establecer una ley de coparticipación que garantice más recursos a los municipios. Aunque en esta reforma constitucional no se estableció un porcentaje específico, se espera que una ley futura defina ese piso financiero para sostener la autonomía con hechos concretos. Marchiaro también rechazó las visiones anacrónicas de la autonomía, como aquella que sostiene que «vivir con lo propio» implica aislarse o “morir con lo propio”. Para él, esa es una visión del siglo XIX. Hoy, los municipios son nodos abiertos e interconectados, capaces de coordinar actividades, compartir experiencias y colaborar en red. En relación a modificaciones de impacto, el abogado aseguró que uno de los cambios más profundos que introduce la autonomía es la posibilidad de que los municipios puedan ahora recurrir a la justicia para defender sus atribuciones frente a decisiones del gobierno provincial o nacional. “Antes no se podía; ahora sí”, destacó Marchiaro. No obstante, remarcó la urgencia de revisar el sistema de coparticipación. La constitución histórica de Santa Fe (1962) asignaba el 50% del impuesto inmobiliario a los municipios. Córdoba, por ejemplo, fija entre el 18% y el 20%. Santa Fe aún no lo ha hecho, y este paso deberá concretarse pronto mediante una ley específica.
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