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» Misionesopina
Fecha: 02/09/2025 19:30
Un episodio de alta tensión se vivió en el municipio de 25 de Mayo, cuando una auditora enviada desde Buenos Aires por La Libertad Avanza discutió fuertemente con vecinos y con el intendente de Colonia Aurora, Cali Goring. El intercambio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, reflejando el creciente malestar en la provincia por la forma en que Nación implementa los controles sobre los programas destinados a personas con discapacidad. La mujer había llegado para supervisar expedientes y certificados de beneficiarios, pero su accionar generó indignación en la comunidad. Vecinos y familiares de personas con discapacidad denunciaron un trato despectivo, falta de información clara y un clima de desconfianza. “No vienen a ayudar, vienen a perseguir”, se escuchó reclamar a una madre que aguardaba desde la madrugada para ser atendida. Auditorías bajo cuestionamiento El episodio no es aislado. Desde hace semanas, en distintas localidades misioneras se multiplican las denuncias sobre las condiciones precarias en que se realizan las auditorías: largas filas desde la madrugada, ausencia de médicos en los equipos de control, jóvenes sin experiencia contratados en reemplazo de profesionales, y criterios de evaluación que muchos consideran arbitrarios. En San Ignacio, incluso, se registraron personas que se descompensaron durante las jornadas de auditoría, lo que puso en evidencia la falta de asistencia sanitaria en operativos que afectan a una población altamente vulnerable. El trasfondo nacional El conflicto se desarrolla en paralelo a un escándalo de alcance nacional: las presuntas coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La denuncia por sobornos y direccionamiento de contratos golpeó de lleno al Gobierno, y en Misiones la situación se potencia por la coincidencia de hechos que muestran improvisación y maltrato en las auditorías. En marzo ya había trascendido una denuncia en la Justicia Federal de Misiones sobre un sistema de recaudación paralelo: empleados de organismos nacionales señalaban que se les exigía aportar un 10% de su salario para un fondo político de La Libertad Avanza, una práctica que generó comparaciones con el escándalo actual en la ANDIS. Crece el malestar en Misiones El malestar se hace sentir en los municipios. Los intendentes misioneros advierten que no fueron informados previamente sobre los alcances de los operativos y que los auditores actúan sin coordinación con las autoridades locales, lo que genera tensiones como la vivida en 25 de Mayo. Para muchas familias, lo que se presenta como un control administrativo se vive como una amenaza a derechos conquistados. “No hay claridad en los criterios, se generan miedos y la gente se siente humillada”, remarcaron referentes de organizaciones de discapacidad en la zona Centro. En este clima de desconfianza y escándalos nacionales, los operativos en Misiones dejaron de ser meros trámites burocráticos para convertirse en un símbolo de la tensión entre Nación y las comunidades locales, que exigen respeto, transparencia y la garantía de derechos básicos.
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