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Parana » El Once Digital
Fecha: 02/09/2025 18:30
En medio de la investigación judicial que busca esclarecer un presunto desvío de fondos en cuatro escuelas públicas de gestión privada, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado en el que fijó su postura. La causa se abrió tras la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE), que detectó irregularidades en las rendiciones de cuentas y comprobantes presuntamente apócrifos. “El Arzobispado de Paraná se puso desde el inicio a disposición para colaborar con la Justicia. En su momento se constituyó también como querellante”, señaló el texto oficial. Y agregó: “Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”. El avance de la causa judicial El exapoderado legal de las instituciones educativas involucradas, Víctor Adrián Godoy, fue imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del acusado para determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido transferidos a cuentas personales. Desde el CGE explicaron que, tras detectar las irregularidades, se procedió a denunciar penalmente el hecho en agosto de 2024. “Administrativamente, seguimos en contacto con el Arzobispado de Paraná, titular de los establecimientos educativos, que decidió separar a esta persona de sus cargos de apoderado legal. Además, se logró un acuerdo para reintegrar el dinero que no había sido rendido correctamente”, confirmó el secretario general del organismo, Conrado Lamboglia, a Elonce. Contexto y medidas adoptadas El Arzobispado aclaró que ya había informado a los equipos directivos sobre la situación al inicio del ciclo lectivo, y reiteró que la investigación se inició a raíz de la denuncia del CGE. Asimismo, se comprometió a continuar colaborando con la Justicia en el proceso que busca esclarecer los hechos. Por su parte, el CGE indicó que el dinero observado en las rendiciones ya fue reintegrado a las escuelas afectadas, garantizando así la continuidad administrativa de los establecimientos. La causa judicial se encuentra en etapa de investigación, con la expectativa de que se definan responsabilidades y se determine si hubo más personas implicadas en el presunto desvío de fondos.
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