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» Radiosudamericana
Fecha: 02/09/2025 17:01
Martes 02 de Septiembre de 2025 - Actualizada a las: 16:25hs. del 02-09-2025 DENUNCIA POR COIMAS CONTRA KARINA MILEI El fiscal federal requirió la apertura de una causa judicial tras la denuncia presentada por el Gobierno. Aclaró que la investigación no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas y que sólo un juez competente podría autorizar allanamientos. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes abrir una investigación judicial para avanzar sobre la denuncia del Gobierno por una presunta operación de inteligencia ilegal vinculada a la difusión de audios privados de funcionarios, entre ellos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En su dictamen, al que accedió Infobae, Stornelli precisó que, según la presentación oficial, se habrían producido acciones de espionaje consistentes en la captación y edición clandestina de conversaciones, luego difundidas en redes sociales y canales de prensa. El objetivo atribuido a esta maniobra sería desacreditar al Gobierno, influir en la opinión pública, desestabilizar indicadores económicos, condicionar el proceso electoral y hasta perseguir fines destituyentes. La advertencia sobre el rol del periodismo El fiscal fue enfático en resguardar la libertad de prensa y aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca, ello por mandato constitucional”. Agregó que solo en caso de que algún comunicador quisiera colaborar voluntariamente podrían aportarse datos. La aclaración surgió tras un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal de streaming Carnaval, responsable de difundir audios atribuidos a Karina Milei y a Diego Spagnuolo, además de requisar domicilios de periodistas y empresarios vinculados. Los alcances de la denuncia Según el escrito del Ejecutivo, la presunta operación se habría montado mediante espionaje ilegal, manipulación de grabaciones y difusión deliberada para instalar acusaciones falsas y generar crisis política. El Gobierno incluso apuntó a sectores de la oposición kirchnerista como responsables de una supuesta campaña de desinformación. En la denuncia también se sostiene que algunos periodistas habrían chantajeado a funcionarios espiados, lo que amplía el alcance de la investigación más allá del caso de Karina Milei. Competencia federal Stornelli destacó que las grabaciones habrían afectado a funcionarios nacionales de alto rango y se habrían producido en ámbitos bajo jurisdicción federal, lo que habilita la competencia de un juzgado federal. Además, calificó la difusión de los audios como “ilegítima, dolosa y clandestina”, reforzando la hipótesis de que se trata de una operación de inteligencia ilegal.
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