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» Solochaco
Fecha: 02/09/2025 16:33
Plantean la modificación del Código de Faltas los diputados Carlos Salom y Samuel Vargas, que buscan duplicar el castigo a las personas que agredan a personal de salud, docentes y otros funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Los diputados provinciales del radicalismo Carlos Salom y Samuel Vargas presentaron un proyecto de ley que busca modificar el Código de Faltas para sancionar con mayor rigor las agresiones contra trabajadores del sector público, especialmente personal de salud, docentes y otros funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa, que se suma a la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, propone una modificación al artículo 60 del compendio normativo. El texto insta a sancionar con hasta treinta días de arresto o una multa de hasta seis remuneraciones mensuales, mínimas, vital y móvil a quienes «acometiere físicamente a otro, participare de una riña o incite a reñir, insulte o amenace o provoque en cualquier forma a otra u otras personas». La propuesta de los legisladores busca duplicar esta pena, cuando la agresión se cometa contra personal del área de salud en ejercicio de sus funciones. De aprobarse, las sanciones podrían alcanzar hasta sesenta días de arresto o una multa que, a valores actuales, superaría los $3.700.000, teniendo en cuenta que actualmente el salario mínimo tiene un valor de 313.000 pesos. CONTEXTO DE VIOLENCIA En los fundamentos de la propuesta, los diputados señalan la necesidad de brindar una mayor protección a los trabajadores públicos. «Es de público conocimiento la dificultosa tarea que toca llevar adelante al personal de salud en situaciones de emergencia en las cuales se despliegan conductas peligrosas hacia la integridad física de los mismos por parte, tanto de los propios pacientes, como de familiares y allegados», se detalla en la iniciativa. La propuesta busca fortalecer el marco normativo para disuadir las conductas violentas que, lamentablemente, se han vuelto más frecuentes en diversos ámbitos de servicio público. El proyecto, de ser sancionado, sentaría un precedente en la provincia para proteger a quienes brindan atención en momentos de vulnerabilidad y tensión. Además del personal sanitario, los legisladores también indicaron que es de preocupación porque periódicamente se registran de reproches y agresiones hacia docentes o situaciones de violencia que tienen como punto de partida situaciones que habrían ocurrido dentro de los establecimientos educativos. Este proyecto, si bien busca hacer foco en médicos y auxiliares sanitarios que hace tiempo expresan que son víctimas de la irracionalidad fundamentalmente en las guardias, puede llegar a ampliarse hacia otro sectores una vez que comience el debate en comisiones, y así atender el contexto lamentablemente cada vez más amplio en los que se suceden hechos de violencia y agresiones. –Por NORTE–
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