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Parana » APF
Fecha: 02/09/2025 14:30
El bloque de diputadas y diputados “Más Para Entre Ríos” repudió el fallo del juez Alejandro Maraniello que restringió la difusión en medios periodísticos de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y a la vez alerta sobre la gravedad de la conducta del presidente Javier Milei de avasallar el derecho a la libertad de expresión. martes 02 de septiembre de 2025 | 13:31hs. El fallo de Maraniello, que aplicó la censura a Carnaval Stream y a periodistas que allí trabajan, no solo afecta gravemente el ejercicio periodístico, sino que también vulnera preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscritos por el país. Son escasos los episodios de semejante gravedad que los argentinos hemos vivido desde el retorno de la vigencia democrática. La denuncia formulada por las máximas autoridades de la Nación, que alude a una supuesta operación de espionaje internacional sin ningún elemento concreto para sostener tamañas aseveraciones, parece dirigida a lograr un efecto distractivo respecto de las graves medidas que se solicitan; dentro de las que se incluye hasta el allanamiento del domicilio de los periodistas. El fallo conseguido por Milei de parte de un juez que está denunciado por graves delitos en el ejercicio de su función, vulnera derechos constitucionales, infringe el Pacto de San José de Costa Rica -tratado internacional que establece el derecho a expresar ideas sin censura previa-, ataca el derecho de los periodistas a desempeñar su función y afecta también de esta manera a los ciudadanos en su derecho a acceder a esa información, lo que constituye un sostén fundamental del sistema democrático. Sabemos que la situación económica y social que vivimos a raíz de las medidas que lleva adelante este gobierno nacional y sus aliados políticos puede llevarnos a pensar que ya nada nos sorprende, que cualquier situación es posible. Y es por eso que advertimos la gravedad de este momento, en el que esas máximas autoridades del país utilizan el poder que detentan para vulnerar derechos y quebrantar garantías constitucionales. (APFDigital)
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