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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 02/09/2025 13:52
Quiero usar la columna de hoy para contarles de una decisión que tomé en término personal y que tomamos como empresa. Voy a apelar la cautelar del juez Maraniello que prohíbe la difusión de los audios que comprometen a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, que hoy está sospechada de cobrar coimas en la compra de remedios por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Quiero usar la columna de hoy para contarles de una decisión que tomé en término personal y que tomamos como empresa. Voy a apelar la cautelar del juez Maraniello que prohíbe la difusión de los audios que comprometen a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, que hoy está sospechada de cobrar coimas en la compra de remedios por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Seré patrocinado por Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gullco, los mejores abogados en materia de libertad de expresión y libertad de prensa en nuestro país. La prohibición del juez Maraniello se dio en el contexto de la aparición de supuestos audios que sumarían más de 50 minutos de Karina Milei, en el marco del escándalo de Discapacidad. ¿Qué información revelarían esos audios? Si Karina Milei no tuviese nada que ver con la corrupción en Discapacidad, como dice el Presidente, ¿por qué no dejar que se difundan? Según el planteo del juez, su cautelar estuvo impulsada por —cito textualmente— “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”. Además, el planteo jurídico del Gobierno explicaba que la filtración de los audios era una operación para “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”. Por su parte, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, pidió que se allanen a los periodistas que presentaron los audios filtrados, Jorge Rial y Mauro Federico, así como al accionista principal del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios, y a la pareja de Marcelo Pagano, un abogado que, según el Gobierno, habría sido consultado por Spagnolo y, luego de esto, habría filtrado los audios. La diputada Pagano, en este mismo programa, negó rotundamente esta versión. Como si esto fuera poco, desde la cuenta de X de la Vocería de la Presidencia —es decir, el departamento de Manuel Adorni— agregaron lo siguiente, cito textualmente: “Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”. Es decir, que quienes estarían detrás de las filtraciones serían Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Sería gracioso este comunicado bizarro de la Vocería Presidencial si no fuese un caso grave de violación de un derecho constitucional y un paso que acerca a este gobierno a una experiencia autoritaria. Primero quiero explicar por qué tomé esta decisión y luego vamos a entrar al análisis de la coyuntura política, como lo hacemos siempre en estas columnas. Si tuviese que definir el oficio del periodista, diría que es contar la historia en el presente. Esto es una paráfrasis personal del genial Bill Kovach, ex editor de The New York Times, que dijo: “el periodismo es la primera versión de la historia”. En ese sentido, somos testigos de los grandes y pequeños acontecimientos que nutrirán la historia. Tratamos de entenderlos, analizarlos y contarlos a la sociedad. Y así como no es aconsejable que un científico intervenga sobre su objeto de estudio para no modificarlo y contaminar sus investigaciones, tampoco es aconsejable que un periodista se inmiscuya en los acontecimientos, porque su rol no es modificar la realidad que quiere contar. En relación al poder político, por ejemplo, nuestro rol es contarle a la sociedad los secretos de los políticos y explicar cómo sus decisiones impactan en la vida cotidiana de las personas. Esto es para que luego el ciudadano tenga la libertad de apoyar a un candidato, al otro o a ninguno, en base a información confiable y pertinente. Es decir, nuestro rol es devolverle algo del poder a la gente: el poder de saber lo que está ocurriendo para que no se decida a espaldas del pueblo. Sin embargo, cuando un gobierno, con sus decisiones, restringe el derecho constitucional a hacer nuestro trabajo, hay que hacer una excepción y los periodistas, además de contar la historia en el presente —que es, en esencia, nuestro oficio—, tenemos que dar un paso al frente e intervenir en ella. El periodismo es uno de los pilares de nuestro sistema democrático porque, justamente como decíamos al principio, le devolvemos algo del poder político al pueblo, para que pueda decidir en base a información confiable y ejercer sus derechos políticos: votar al candidato que quiera en base a información confiable, manifestarse a favor o en contra de las decisiones de los políticos o incluso postularse como candidato. Defender el periodismo es defender la democracia. Además, no nacimos de un repollo. Para que yo pueda estar acá con ustedes contándoles lo que investigamos y lo que opino de la situación en nuestro país, hubo mucha gente acá y en todo el mundo que dejó la vida. Nosotros naturalizamos que yo pueda hacer este programa y que ustedes puedan verme, pero no siempre fue así en Argentina y no es así en todo el mundo. Tengo y tenemos, como empresa, un compromiso con la democracia, compromiso que hemos pagado, con clausuras, el asesinato del último periodista asesinado, José Luis Cabezas, con juicios en nuestra contra de algunos gobiernos y, como conté, con la persecución de la dictadura militar. Hacer periodismo es honrar ese derecho adquirido que hoy naturalizamos y, si es necesario, defenderlo. Por todo esto, no podemos tolerar la censura previa. Además, en lo personal, yo soy liberal. Esto significa que defiendo las libertades individuales y los derechos civiles que nacieron con la Revolución Francesa y que se fueron ampliando con el desarrollo de las democracias en el mundo. No estoy de acuerdo en que el Estado le diga a las personas y a los medios de comunicación qué pueden decir y qué deben callar. Presidente, usted que se dice liberal libertario y que esto es “defender el derecho irrestricto al proyecto de vida del prójimo”. Evidentemente, esto es siempre que el proyecto de vida del prójimo no sea ser un periodista que investiga la corrupción en su Gobierno. Liberalismo es otra cosa. Esto es un caso más de utilizar el Estado de manera autoritaria. Esto lo han hecho gobiernos de todos los colores, pero ahora el suyo lo hace en nombre de la libertad. Ahora paso a explicar por qué la decisión del juez Maraniello es inconstitucional. El derecho constitucional a la libertad de prensa sin censura previa garantiza que los periodistas y los medios puedan publicar información, opiniones e investigaciones sin la obligación de someter sus contenidos a la autorización del Estado antes de su difusión. Esto está en los artículos 14 y 32 de la Constitución Argentina. Este principio protege a la sociedad de gobiernos que quieran controlar el flujo de información para sostener su poder. La prohibición de censura previa no significa impunidad: lo publicado puede ser eventualmente objeto de responsabilidades ulteriores (civiles o penales) si vulnera otros derechos, pero nunca puede ser condicionado antes de llegar al público. Como explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este principio es “piedra angular de la democracia”, porque asegura que el debate público no dependa de la voluntad de los gobernantes, sino de la libre circulación de ideas y de la fiscalización crítica del poder. Este principio no es un invento argentino. Está en la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. y es un principio universal del derecho constitucional contemporáneo, respaldado por más de 140 constituciones y por todos los sistemas regionales de protección de derechos humanos (americano, europeo, africano y hasta incipiente en Asia). Por otro lado, la medida es una aberración contra el ejercicio del periodismo frente a los crímenes del poder. Si se hubiese aplicado el mismo criterio en otros casos —el de prohibir la difusión de audios o documentos obtenidos de manera ilegal— nunca se habrían descubierto numerosos episodios de corrupción y crímenes a lo largo y ancho del mundo. El antecedente más clásico es el de los Papeles del Pentágono. Se trató de un conjunto de documentos clasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, filtrados en 1971 por Daniel Ellsberg, analista militar. Eran más de 7.000 páginas que revelaban cómo distintos gobiernos —desde Truman hasta Johnson— habían engañado al Congreso y a la opinión pública sobre la Guerra de Vietnam, ocultando derrotas, manipulando cifras y planificando una escalada bélica mientras prometían lo contrario. The New York Times y luego The Washington Post comenzaron a publicarlos, lo que llevó a la Casa Blanca de Nixon a intentar frenar judicialmente su difusión. La Corte Suprema, en un fallo histórico, sostuvo que el gobierno no podía invocar la “seguridad nacional” para imponer censura previa, consolidando así un precedente clave en favor de la libertad de prensa. Los Papeles del Pentágono no solo desnudaron la mentira sistemática del poder político, sino que marcaron un punto de inflexión en la relación entre prensa y Estado en Estados Unidos y en el mundo. Imaginen: había una guerra en curso, que terminaría cuatro años después de la filtración de esos documentos, y aun así la Corte Suprema falló a favor del New York Times. La presentación del Gobierno argentino, en contraste, apunta únicamente a que los “audios fueron recabados ilegítimamente, sin consentimiento”. Sin embargo, la historia política moderna está llena de ejemplos de cómo filtraciones ilegales revelaron la corrupción estructural del poder. En Estados Unidos, el caso Watergate (1972–1974) fue paradigmático: las grabaciones secretas de la Casa Blanca, sumadas a escuchas clandestinas en la sede del Partido Demócrata, expusieron el encubrimiento de Richard Nixon y terminaron con su renuncia, demostrando que hasta el presidente podía caer por pruebas obtenidas fuera de los carriles institucionales. En los años noventa, el régimen de Alberto Fujimori en Perú se derrumbó con la difusión de los célebres “vladivideos”: registros secretos en los que Vladimiro Montesinos, jefe de inteligencia, aparecía sobornando a jueces, empresarios y políticos. Lo que durante años había sido un instrumento de control y extorsión se convirtió, una vez filtrado, en la prueba irrefutable de un sistema de corrupción estructural. En Italia, por la misma época, la operación Mani Pulite destapó el entramado de coimas conocido como Tangentopoli. Muchas pruebas surgieron de escuchas y grabaciones clandestinas a empresarios y dirigentes políticos, mostrando cómo los contratos públicos estaban atados a sobornos sistemáticos. En México, en 2004, los “videoescándalos” golpearon al PRI y al PRD: las imágenes y audios de Carlos Ahumada negociando con dirigentes se difundieron masivamente y alteraron la campaña electoral, exhibiendo la fragilidad de los límites entre dinero privado y política. En España, el caso Gürtel (2009) reveló una red de financiamiento ilegal del Partido Popular. Varias pruebas provinieron de grabaciones encubiertas y escuchas a Francisco Correa y otros implicados. Poco después, en el caso Lezo, las filtraciones de audios del expresidente madrileño Ignacio González resultaron claves para confirmar la trama de corrupción. En Argentina, el impacto más fuerte llegó en 2016 con el caso José López: la imagen de los bolsos con dólares se complementó con escuchas judiciales filtradas a los medios, como las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Aunque muchas provenían de los servicios de inteligencia y no siempre de manera legal, terminaron influyendo en la agenda política y judicial. Ese mismo año, la filtración global conocida como Panama Papers, producto de un hackeo al estudio Mossack Fonseca, expuso redes internacionales de evasión y lavado que involucraron a líderes de todo el mundo. Fue un recordatorio de que, aunque obtenida fuera de la legalidad, la información podía transformar el mapa político y económico internacional. Por otro lado, si fuese cierto que Karina está involucrada en un caso de corrupción, ¿tendría sentido pedirle permiso para grabarla confesando? Y si no fuese cierto, ¿por qué ocultar los audios? Como se ve, el discurso del Gobierno hace agua por todos lados. Esto nos lleva a analizar la impericia que comete el Gobierno, probablemente producto de la desesperación. Primero, presentó un pedido que viola directamente la Constitución Nacional. Segundo, generó lo contrario de lo buscado: ahora toda la atención está puesta en los audios que no quieren revelarse, y probablemente la hipótesis social sobre su contenido sea aún más grave que lo que realmente dicen. Y con esa hipótesis en mente, los bonaerenses irán a votar el próximo domingo 7 de septiembre. Tercero. El juez que le otorga la cautelar a está muy desprestigiado. Esto complica la defensa oficialista y le quita credibilidad. Vamos a contar esto más pormenorizadamente. El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 12, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura. Cinco de estas denuncias están relacionadas con presuntos casos de acoso sexual hacia empleadas de su juzgado. Además, se le imputa abuso de poder, acoso laboral, violencia de género, maltrato, manejo inapropiado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. Cuarto, esta actitud evidencia una deriva autoritaria. Hace apenas unos meses, el periodista Hugo Alconada Mon reveló que un plan de inteligencia de la SIDE apuntaba al espionaje interno sobre —cito textualmente— “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas o “erosionar la imagen del Presidente”. Es decir, que para los hermanos Milei, ellos sí están habilitados a espiar ilegalmente a opositores o periodistas críticos solo por brindar información u opiniones que los incomodan. Pero, al mismo tiempo, nadie estaría autorizado a difundir audios ilegales si se trata de un presunto crimen cometido por ellos mismos. Solo alguien que se siente por encima de la ley puede pensar así. Señor Presidente, algo de ese pensamiento mesiánico y místico que usted ostenta parece hacerle creer que está por encima del resto de los argentinos. Pero no lo está. Usted es un servidor público, está en ese lugar porque lo votó el pueblo, y si no honra su función no serán las “fuerzas del cielo” las que lo removerán, sino los ciudadanos de esta República. El caso Dreyfus marcó a la Francia de fines del siglo XIX como un espejo de antisemitismo, poder militar y lucha por la verdad. En 1894, el capitán Alfred Dreyfus, oficial judío, fue acusado injustamente de traición y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo tras un juicio manipulado con pruebas falsificadas. El encubrimiento quedó al descubierto en 1896, pero el punto de quiebre llegó en enero de 1898, cuando Émile Zola publicó en L’Aurore su histórico artículo “J’Accuse…!”, donde señaló directamente a generales, jueces y ministros responsables de la infamia. Zola arriesgó su prestigio y su libertad —fue procesado y condenado— pero su denuncia sacudió a la opinión pública y obligó a reabrir el caso. En 1906, Dreyfus fue rehabilitado. El “Yo acuso” quedó como símbolo universal del poder de la palabra pública frente a la injusticia. Salvando las enormes distancias, quiero que todos los que defendemos la democracia y la libertad de prensa sin censura previa construyamos un “Yo apelo” colectivo. No es una causa de los periodistas acusados: es una causa de todo el periodismo y de todos los actores democráticos del país. Esto nos tiene que encontrar juntos. Yo apelo, y espero dentro de poco poder decir: “Nosotros apelamos”. Este intento de censura no va a pasar. Señor Presidente, nos vemos en la Justicia. Usted usa un tema de La Renga para presentarse como el “rey de un mundo perdido”. Yo voy a responderle con otro del mismo grupo, cuyo estribillo parece dedicado a usted: por más que se esfuerce, nunca podrá silenciarnos.
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