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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 02/09/2025 13:10
La Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del acusado de desviar fondos públicos para pagar sueldos y aportes previsionales de los docentes, en beneficio propio. La causa busca determinar si actuó solo o con cómplices. Los perjudicados, serían el CGE y el Arzobispado. La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso este lunes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, imputado por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. La medida busca determinar el destino de más de 93 millones de pesos que habrían sido desviados desde el Consejo General de Educación (CGE) hacia cuentas personales del sospechoso. El período sometido a investigación abarcará desde 2019 hasta agosto de 2024, fecha en que se presentó la denuncia. La resolución alcanzó un pedido de la querella particular, representada por Leopoldo Lambruschini en nombre del Arzobispado de Paraná, y se diferenció del planteo de Fiscalía, que pretendía extender la revisión hasta la actualidad. La investigación se inició tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó rendiciones de cuentas falsas y comprobantes apócrifos, especialmente en la escuela “Nuestra Señora de Fátima” D-117, donde se habrían simulado pagos de aportes previsionales que nunca se realizaron. Godoy, quien manejaba las cuentas de las escuelas “Nuestra Señora de la Esperanza”, “Santa Lucía”, “Torres Vilches” y “Nuestra Señora de Fátima”, habría aprovechado su cargo para transferir dinero público a cuentas personales. El caso se originó a partir de rendiciones de cuentas falsas detectadas en cuatro escuelas públicas de gestión privada bajo la órbita del Arzobispado de Paraná, administradas por Godoy. Según la acusación, el imputado tenía acceso a las claves de las cuentas bancarias de los establecimientos y habría transferido fondos destinados al pago de sueldos y aportes previsionales a su cuenta personal. La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, acompañó el pedido de acceso a la información bancaria y fiscal. En tanto, la defensa de Godoy, a cargo de Ricardo Mulone, se opuso al señalar que su cliente no revestía carácter de imputado formal porque aún no se le tomó declaración indagatoria, publicó APF. Durante la audiencia se planteó la hipótesis de que Godoy no actuó solo. Se señaló que otra persona también contaba con las claves de acceso a las cuentas de las escuelas y que se las habría facilitado voluntariamente. La Justicia deberá determinar si esa acción fue negligente, producto de la confianza personal, o si existió connivencia en la maniobra. La jueza Firpo recordó que, en agosto de 2024, la investigación, se encontraba en una etapa incipiente y que entonces, ya se habían dispuesto medidas similares, aunque limitadas a las cuentas de las instituciones educativas. También destacó que la constitución del Arzobispado como querellante implicó un señalamiento directo hacia Godoy, quien, a pesar de ello, tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
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