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» Elterritorio
Fecha: 02/09/2025 12:41
Según la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, más de 100 mil personas se vieron afectadas de manera directa e indirecta martes 02 de septiembre de 2025 | 12:00hs. El Gobierno de Misiones anunció que presentará una demanda ante la Justicia Federal contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, tras detectar múltiples irregularidades en las auditorías que derivaron en la suspensión de pensiones no contributivas. Según la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 más de 100 mil personas se vieron afectadas de manera directa e indirecta. “Estamos haciendo una presentación por parte de Fiscalía de Estado, una demanda ante el Juzgado Federal. Recolectamos pruebas de los damnificados y firmas con la idea de solicitar, en principio, la restitución de las pensiones suspendidas en Misiones y la nulidad de estas auditorías que no garantizan la transparencia del proceso”, aseguró Antúnez. La funcionaria provincial advirtió que las supuestas evaluaciones se llevaron a cabo con serias anomalías: notificaciones que nunca llegaron, auditorías realizadas por personas sin formación profesional e incluso el uso de certificados médicos falsificados. “El doctor Peñaloza ya denunció penalmente la falsificación de su firma. También hay documentos que llevan el nombre de otro médico que jamás rubricó esos papeles. Son pruebas claras de que estamos frente a un proceso viciado”, enfatizó. La gravedad de la situación llevó a que miles de beneficiarios quedaran desprotegidos. “Ayer hicieron trasladar a 3.000 personas desde Alba Posse, Santa Rita y 25 de Mayo para ser auditadas. Les entregaron fotocopias que ANSES luego rechazó por inválidas. Ahora deben volver a viajar para conseguir una firma real. Esto es un hecho de irresponsabilidad enorme”, denunció la titular del Consejo de Discapacidad. En ese contexto, la provincia busca que la Justicia federal intervenga con urgencia. “Estas auditorías deben realizarse nuevamente bajo criterios claros, con médicos idóneos, en lugares accesibles y con notificaciones que realmente lleguen a los domicilios. No puede ser cualquier persona la que evalúe, y menos aún con documentos truchos”, señaló Antúnez. Por último, la funcionaria convocó a los afectados a sumarse al reclamo judicial: “Pedimos a quienes hayan recibido comprobantes con firmas falsas que hagan la exposición policial y nos acerquen esos documentos. Nos servirán como pruebas para la demanda”. La denuncia que prepara Misiones busca no solo restituir las pensiones suspendidas, sino también sentar un precedente frente a lo que consideran una grave vulneración de derechos. “Estamos hablando de adultos mayores, madres de siete hijos y personas con discapacidad que hoy quedan en la incertidumbre por un proceso irregular. Es un ninguneo a la población más vulnerable”, concluyó Antúnez.
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