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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 02/09/2025 08:35
Javier Milei NOLSALP, no odiamos lo suficiente a los periodistas. El gobierno de Javier Milei ya omite la palabra en la justificación de su conducta y la reemplaza con siglas. Cuando se ve acorralado con una crítica que desafía su relato flaco de argumentos y blindado en base a trolls y algoritmos, su reacción natural predatoria es lanzarse para despedazar a su víctima en su arena preferida, Twitter. Un acto de violencia que apunta a disciplinar al resto del periodismo para evitar que otros sigan ese camino bajo el riesgo de pagar un precio similar. Ninguna de estas acciones de la administración libertaria contra la libertad de expresión puede relativizarse o justificarse como parte del juego político. El uso del poder para intimidar, silenciar o estigmatizar a la prensa constituye una violación a los derechos humanos, que debe ser denunciada y detenida. Las implicancias de fijar una mordaza digital a la prensa conllevan la violación de derechos humanos fundamentales como lo son la información y la expresión en una democracia. Desde que asumió el poder, el gobierno de Javier Milei ha emprendido una escalada sistemática y sostenida de agresión contra la libertad de expresión en Argentina. Una ofensiva de la que ya hemos dado cuenta desde Amnistía Internacional en varias oportunidades a lo largo de estos meses así como en una carta formal enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde documentamos con precisión el deterioro del espacio cívico, el hostigamiento a periodistas y la utilización de mecanismos estatales para silenciar voces críticas. Demandamos, entre otras cuestiones, que se exhorte al Estado argentino a proteger la libertad de expresión y a cesar con los discursos criminalizantes contra periodistas y medios. Y que la CIDH establezca directrices claras sobre el rol de los funcionarios públicos en la comunicación oficial, dada la responsabilidad que conllevan sus palabras. En la Argentina, ser periodista nunca fue fácil. Pero en estos últimos meses, la escalada de violencia desde las más altas esferas del poder político ha alcanzado un nivel inaceptable. Y no se trata solo de una disputa discursiva o de un estilo polémico. Lo que está en juego es el derecho de toda una sociedad a recibir información plural, y la vigencia de garantías democráticas fundamentales. Tal como advertimos ante el organismo regional oportunamente “la confrontación, el odio o la pelea funcionan hoy en Argentina como una técnica de distracción”, que solo encuentra su marco de acción en “un entramado que procura fomentar el silencio y la censura”. Verdaderos asesinatos de reputación como una de las metodologías predilectas contra quienes se identifican como líderes de opinión. Los nombres no son anónimos: María O’Donnell, Marcelo Bonelli, Silvia Mercado, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernandez Díaz, Jorge Fontevecchia, Luisa Corradini, Julia Mengolini, Sofía Diamante y muchos otros fueron blanco de agresiones públicas, estigmatizaciones y ataques organizados en redes sociales con el aval del propio jefe de Estado. Desde su propia cuenta social, una que el jefe de Estado busca desvincular de su rol institucional solo con la falacia de que sigue figurando allí como “economista” y no modificó su bio tras el 10 de diciembre de 2023, Milei lanza dardos envenenados de manera selectiva, sin ignorar su efecto multiplicador. La situación se agrava cuando las agresiones trascienden el ámbito virtual y alcanzan instancias institucionales. El caso de Silvia Mercado, periodista acreditada por más de diez años en Casa Rosada, es paradigmático: su acreditación se puso en riesgo sin mayor fundamento que un castigo tácito por sus opiniones contra el Gobierno. Aunque luego fue reincorporada, la arbitrariedad del episodio expuso el uso disciplinante de herramientas administrativas para controlar la cobertura periodística, en línea con un nuevo protocolo de trabajo dentro de la sede de Gobierno que restringe el movimiento de los periodistas. Violencia de género digital La violencia no es neutra. Las periodistas mujeres enfrentan formas específicas de agresión por razones de género de las que también hemos dado cuenta. En un informe especial titulado Muteadas, advertimos que el 63,5 % de las periodistas encuestadas por nuestra organización fue víctima de violencia digital en los últimos años. La cobertura sobre aborto, violencia de género, ESI o derechos humanos suele ser el disparador de estos ataques. Las mujeres con voz pública sufren agresiones de forma permanente, siendo doblemente atacadas por ejercer la libertad de expresión en el espacio público y por su género. Y esto conlleva desde amenazas de violación, doxeo, pornovenganza, campañas de escarnio y ataques coordinados en redes son moneda corriente para diversas comunicadoras. El último blanco de estas agresiones fue la periodista Julia Mengolini, quien sufrió desde insultos y videos fake generados por inteligencia artificial hasta amenazas contra su vida. En el documento que elaboramos dimos cuenta de llamados incluso a su familia y el envío de pedidos de mensajería, en una clara señal de que conocían el domicilio de su casa. En otros casos, reconocieron que la violencia condujo a un paulatino retiro de las redes sociales para evitar el acoso luego de cada posteo. De ahí que no sea errado consignar que la violencia de género digital se convirtió en una forma de censura encubierta que atenta directamente contra la pluralidad del debate público. El avance contra la prensa no se limita a lo virtual. En abril de 2025, el director de El Destape, Roberto Navarro, fue víctima de una agresión física en la vía pública, pocas horas después de que el presidente publicara en X que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Navarro fue golpeado por la espalda en la cabeza y debió ser hospitalizado por precaución, ya que es persona anticoagulada. Antes que ellos ya había denunciado al Presidente Milei y quienes replican su discurso estigmatizante desde los medios por fomentar el odio político. Pero además de las agresiones físicas, el Ejecutivo también recurre a la judicialización del periodismo. En los últimos meses, se reactivaron causas penales contra periodistas por “incitación a la violencia” y “asociación ilícita mediática”. Entre los denunciados figuran desde Viviana Canosa hasta Ari Lijalad e incluso Carlos Pagni. Muchas de estas acusaciones terminan operando como herramientas de persecución política, más allá de su desenlace penal. Y ni siquiera es un mecanismo original en el escenario contemporáneo o en el pasado sino que se multiplican los episodios similares en otras partes del mundo. Reporteros Sin Fronteras alerta que Donald Trump ha intensificado su hostilidad hacia la prensa, replicando tácticas autoritarias que involucran desde el uso de demandas judiciales contra medios como la revocación de acreditaciones y la eliminación de financiamiento a cadenas como NPR y PBS. La expulsión de medios como AP y HuffPost del equipo de prensa presidencial también es considerada una violación flagrante a la Primera Enmienda y ha sido denunciada por organizaciones internacionales. En Brasil, el diario El País documenta agresiones físicas y doxing a periodistas como Patrícia Campos Mello y Vera Magalhães, además de ofensivas misóginas directas, desde el entorno digital que comanda el bolsonarismo. En la pasada gestión de su líder, Jair Bolsonaro, se impulsaron denuncias penales sin fundamento contra periodistas, reforzando un clima de intimidación institucional. En Hungría, Orban controla más del 80 % de los medios y restringe el pluralismo informativo. Y en Italia, Meloni comparte retórica hostil y simbología nacionalista que refuerzan un estilo populista nacionalista que limita la prensa libre. Reporteros Sin Fronteras describe esta interconexión ideológica como un ciclo autoritario global: Trump ofrece un modelo que Bolsonaro, Orban o Milei replican localmente. Por ello el modelo Milei dista de ser original: integra una ola global de autoritarismos que se esconden detrás de discursos de odio, la judicialización del disenso y la violencia simbólica para ponerle un bozal de hierro a la prensa y a la sociedad. No se trata de ‘exabruptos’ aislados sino una retórica de odio que se legitima desde el poder institucional y puede tener consecuencias reales: censura, miedo, autocensura y hasta violencia física. Cuando el Estado no protege, sino que agrede, se rompe el pacto básico de una democracia saludable. Por eso defender la libertad de prensa no debe ser un acto político, sino un compromiso cívico y ético. Sin espacios de expresión críticos y protegidos, la verdad desaparece y con ella la esencia de la república. En un país democrático, el periodismo no debe temer al poder. Al contrario, su función es interpelarlo, cuestionarlo y servir al interés público. Si el Gobierno convierte la crítica en traición, y el disenso en enemigo, lo que está en juego ya no es solo la libertad de prensa, sino la salud misma de la democracia. Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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