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Caseros » Genesis 24
Fecha: 02/09/2025 08:26
Víctor Godoy, exadministrador de cuatro escuelas del Arzobispado de Paraná, es investigado por desvío de 93.000.000 de pesos destinados a sueldos y aportes de los docentes. La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó este lunes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, exadministrador y apoderado legal de cuatro instituciones educativas de gestión privada dependientes del Arzobispado de Paraná. La medida, que abarca el período entre 2019 y agosto de 2024, busca esclarecer una presunta maniobra de defraudación a la administración pública que involucra el desvío de fondos estatales destinados al pago de sueldos y cargas sociales del personal docente. Godoy, quien manejaba las cuentas de las escuelas “Nuestra Señora de la Esperanza”, “Santa Lucía”, “Torres Vilches” y “Nuestra Señora de Fátima”, habría aprovechado su cargo para transferir dinero público a cuentas personales. Aunque aún no se ha determinado el monto exacto, la cifra estimada ronda los 93 millones de pesos. La investigación supo AHORA se inició tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó rendiciones de cuentas falsas y comprobantes apócrifos, especialmente en la escuela “Nuestra Señora de Fátima” D-117, donde se habrían simulado pagos de aportes previsionales que nunca se realizaron. Durante la audiencia, la querella particular en representación del Arzobispado, encabezada por Leopoldo Lambruschini, y la Fiscalía, a cargo de Gonzalo Badano, coincidieron en la necesidad de levantar el secreto bancario para rastrear el destino de los fondos. La defensa, representada por Ricardo Mulone, se opuso al pedido alegando que su asistido no había sido indagado formalmente y que podrían existir otros involucrados. Firpo, sin embargo, recordó que el señalamiento contra Godoy fue suficiente para permitir al Arzobispado constituirse como querellante, y que el imputado tuvo oportunidad de ejercer su defensa en todo momento. Más allá de las diferencias entre Fiscalía y querella sobre el período a investigar, ambas partes apuntan a determinar si Godoy actuó solo o si hubo terceros que participaron en la maniobra, ya sea como coautores o partícipes. En ese sentido, se mencionó en la audiencia que otra persona tenía acceso a las claves bancarias de las escuelas, aunque se indicó que las habría entregado voluntariamente. Lo que resta definir es si ese acto fue producto de negligencia, confianza personal o connivencia. La jueza también recordó que en agosto de 2024, cuando la causa aún era incipiente, se habían solicitado medidas similares, pero enfocadas en las instituciones educativas. Ahora, con el avance de la investigación, se busca reconstruir el circuito financiero que permitió el presunto desfalco, que no solo afectó al CGE sino también al Arzobispado, al dejar sin fondos a las escuelas para afrontar deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Firpo rechazó el pedido de Fiscalía de extender la investigación hasta el presente, pero dio luz verde a revisar las operaciones realizadas por Godoy hasta el momento de la denuncia. Ahora – APF
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