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Parana » Ahora
Fecha: 02/09/2025 07:10
En la denuncia que el gobierno de Javier Milei presentó para conseguir frenar la difusión de nuevos audios que tengan a Karina Milei como protagonista de una presunta red de coimas, se solicitaron una serie de allanamientos. Las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, son sobre el canal que difundió los primeros audios y sobre los domicilios de periodistas y empresarios. En la presentación hecha por Fernando Soto, abogado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, se requirió entre las medidas de prueba los “allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream'”, un medio de comunicación vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Asimismo, piden ordenar allanamientos en los domicilios del propio Toviggino, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, dueño del portal de noticias Data Clave. Otro de los apuntados es el empresario de medios Franco Bindi, a quien en Casa Rosada señalan por estar detrás de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo. El Gobierno denunció ante la justicia federal una “operación de inteligencia ilegal” en la que aseguran que la finalidad era “desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera”. En el escrito, describieron que “la maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”. Para la Casa Rosada se trata de “un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral” y que con su difusión se pretendió “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales” que se desarrollarán en octubre y que tiene como previa las de este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
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