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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 02/09/2025 06:46
Hace un tiempo estuve en Israel y, en un proceso de estudio de su política de Estado —especialmente la militar—, comencé a leer El arte de la innovación militar. Allí Edward Luttwak sostiene que la creatividad estratégica no surge de la abundancia, sino de la necesidad de sobrevivir (Luttwak & Shamir, 2017). Israel encarna como pocos esa verdad. Sin recursos naturales significativos, rodeado de amenazas existenciales y en guerra desde su nacimiento, convirtió la precariedad en motor de innovación. Lo que en cualquier país hubiese sido un obstáculo, en Israel se transformó en ventaja comparativa. La defensa no fue solo un instrumento militar, fue un laboratorio de doctrina, de organización y de tecnología que luego derramó hacia la economía civil. Ese círculo virtuoso es evidente. Bajo la presión de sobrevivir, las Fuerzas de Defensa de Israel desarrollaron sistemas de inteligencia, ciberdefensa y guerra tecnológica que luego dieron origen a empresas líderes globales en software, ciberseguridad y drones. La célebre Unidad 8200 se convirtió en semillero de startups y el ecosistema militar-tecnológico dio lugar al fenómeno que hoy conocemos como Start-Up Nation (Senor & Singer, 2009). La paradoja es clara. La guerra, que implica destrucción, también puede catalizar innovación si existe un Estado que articule visión estratégica y disciplina. El paralelo económico refuerza la comparación. En 1984 Israel enfrentaba una inflación superior al 400% anual, un déficit desbordado y reservas en caída libre. Con el liderazgo de Shimon Peres y un plan de estabilización drástico, se frenó la emisión, se congelaron precios y salarios y se alcanzó el superávit fiscal. En apenas un año, la inflación cayó del 450% a menos del 20% y se sentaron las bases de un crecimiento sostenido (Ben-Bassat, 2002). Esa combinación de ajuste duro y visión de largo plazo permitió que Israel estabilizara su economía y la convirtiera en plataforma de innovación. Argentina transita hoy un sendero semejante, con una diferencia crucial. Bajo el gobierno de Javier Milei ya se está ejecutando ese proceso. Milei recibió un país con déficit del 6% del PBI, inflación anual del 211%, un Banco Central quebrado y pobreza récord. En menos de un año el gobierno recortó el gasto público en un 25%, llevó el déficit a cero, redujo el riesgo país de 2700 a 700 puntos y duplicó los salarios en dólares. La inflación mensual, que parecía incontrolable, bajó a un dígito y el saneamiento del BCRA abrió el camino a un sistema financiero más estable. Lejos de ser promesas, estos son hechos. Esa disciplina macroeconómica constituye el punto de partida indispensable para la recuperación de la defensa nacional. En el gobierno del León la defensa recuperó su rugir militar. El ministro Luis Petri entendió que en un contexto de recursos escasos el camino no era la resignación sino la eficiencia y la cooperación. La defensa comenzó a convertirse en una plataforma de innovación a costo cero, no por gastar más, sino por generar doctrina, ordenar reservas, profesionalizar capacidades y abrir canales de cooperación internacional. Ese cambio doctrinario se apoya en áreas clave como la ciberdefensa, lucha antiterrorista, y simuladores que permiten construir valor estratégico propio en alianza con potencias occidentales. Allí es donde la tecnología nacional ya ofrece músculo: INVAP con radares y satélites, FAdeA con la modernización de aeronaves y Tandanor con el fortalecimiento de la industria naval. A este esfuerzo se suman hitos de modernización concretos. La incorporación de los F-16, la actualización de los TAM 2C A2, la entrega de Pampa III Bloque II, el reacondicionamiento del Hércules TC-69 y la instalación de nuevos radares de INVAP en Santa Fe consolidan un salto cualitativo. El FONDEF alcanzó un 94% de ejecución en 2024 y la industria de la defensa cumplió el 100% de sus compromisos. Estos resultados demuestran que la innovación no es un concepto abstracto, sino la base real para la recuperación del instrumento militar argentino. El contexto regional refuerza la urgencia. América Latina ya no enfrenta un crimen organizado marginal, sino una cuarta ola de criminalidad transnacional que funciona como actor político y geoeconómico. Estas redes no se limitan al narcotráfico, sino que operan en minería ilegal, tráfico de armas, contrabando y hasta gobernanza penitenciaria, desde donde manejan ejércitos criminales. El Tren de Aragua es un ejemplo de exocriminalidad de riesgo, expandida a partir de flujos migratorios y crisis sociales, que avanza en países vecinos y busca consolidarse en centros urbanos argentinos. El Cártel de los Soles, articulado con sectores del chavismo, muestra cómo las mafias pueden asociarse a regímenes autoritarios para sobrevivir y expandirse. La amenaza no es abstracta. Se trata de organizaciones que erosionan la democracia, socavan instituciones y disputan control territorial al Estado. Lo documentado en cárceles de la región —con maras, comandos brasileños y estructuras como el Tren de Aragua— confirma que el crimen organizado ya no opera en la periferia, sino desde adentro de los sistemas penitenciarios y políticos (Farah & Zeballos, 2025). Allí radica el desafío argentino. El país no puede repetir el error de minimizar estas dinámicas. La frontera norte y grandes centros urbanos como Rosario son objetivos naturales de estas redes. En este escenario, reforzar capacidades de inteligencia, articular doctrina conjunta con aliados occidentales y proyectar presencia militar son pasos ineludibles. Un paso reciente en este sentido, es la Operación Presidente Julio Argentino Roca. Esta iniciativa, dispuso el despliegue de personal y medios militares en las fronteras norte y noreste, no para reemplazar a las fuerzas de seguridad, sino para reforzarlas en tareas de vigilancia y control en zonas inhóspitas y críticas de nuestro norte argentino. Con reglas de empeñamiento claras, coordinación con el Ministerio de Seguridad y supervisión judicial, la operación muestra cómo la Argentina puede adaptar su instrumento militar a los desafíos actuales sin desnaturalizar su rol. Roca es la prueba de que la innovación también es doctrinaria. Y, sobre todo, que es posible reforzar fronteras, sostener la legalidad fortaleciendo la soberanía y la seguridad nacional. La sociedad argentina parece comprenderlo. Según una encuesta de Isasi/Burdman (2025), la Presidencia de la Nación y las Fuerzas Armadas son hoy las instituciones con mayor nivel de apoyo ciudadano, con un 49% de imagen positiva, mientras que el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos acumulan niveles mínimos de confianza. Este dato es revelador. En tiempos de incertidumbre, los argentinos buscan orden, conducción firme y un Estado que garantice seguridad y defensa. Esa confianza social constituye el capital político que habilita al gobierno a avanzar en esta transformación. Israel logró consolidar su modelo en medio de la crisis y bajo fuego. Argentina, con liderazgo político, decisión económica y alineamiento estratégico con Occidente, ya está comenzando a recorrer ese mismo camino. El proceso no es futuro, es presente. Milei y Petri iniciaron la estabilización y la recuperación estratégica. La defensa volvió a ser política de Estado, motor de innovación y garante de soberanía. La lección es clara. La grandeza no se mide por los recursos disponibles, sino por lo que se hace con ellos.
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