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Parana » El Once Digital
Fecha: 02/09/2025 05:30
El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y el magistrado cuenta con un plazo legal de veinte días para responder a las acusaciones. La dimensión de las denuncias llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar la presencia policial en el juzgado desde septiembre de 2024, con el objetivo de preservar la integridad física y psíquica de los trabajadores. El gremio celebró entonces “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y subrayó que el juez fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau. Los expedientes contra Maraniello son múltiples y abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró que fue abordada por el magistrado a menos de una semana de ingresar al organismo. La trabajadora relató que asistió a un encuentro fuera del horario laboral por temor a perder su empleo y describió que fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, además de verse forzada a mantener relaciones sexuales solo para poner fin a la situación. Testimonios de empleadas y avance de la investigación Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte del juez, sumados a observaciones constantes sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. La trabajadora informó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios reiterados fuera de lugar. Según pudo saber Infobae, la víctima necesitó medicación para sobrellevar el clima laboral, experimentó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral. En estos casos, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Sin embargo, la fiscal Mariana Labozzetta advirtió que el hecho podría constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente fue remitido a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli. El proceso disciplinario continúa en curso con la evaluación de pruebas y testimonios. La Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente derivar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del magistrado. El juez Alejandro Maraniello. La Gaceta Más casos y contexto político Los documentos oficiales detallan que las denuncias incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Parte de los expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva. En ese marco, el gremio judicial señaló que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”. Uno de los testimonios recogidos expuso la situación de vulnerabilidad de una víctima, quien mencionó que era hija de un camionero y dependía del empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia. La intervención de Maraniello en el caso de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las denuncias en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un fuerte operativo judicial del entorno presidencial para controlar la difusión y proteger a la hermana del Presidente. El Gobierno denuncia operación de inteligencia Paralelamente, el Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Según la presentación del Ministerio de Seguridad, se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. El escrito acusa de maniobra golpista e involucra a sectores de la oposición. El expediente quedó en manos del Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. La acción estuvo acompañada por una orden de Maraniello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, tuvo como argumento evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se emitieron los materiales, apuntando a sus responsables y a allegados de la diputada Marcela Pagano. El Ejecutivo denunció que la difusión de los audios ocurrió en un “momento estratégico”, coincidiendo con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. Para el oficialismo, se trata de un hecho grave sin precedentes que busca debilitar su imagen en plena contienda electoral. (Con información de Infobae)
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