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» Elterritorio
Fecha: 02/09/2025 00:29
Por pedido de Karina Milei el juez Alejandro Maraniello impuso la prohibición de difundir audios que la tengan como protagonista. Sobre este juez pesan al menos 9 denuncias por mal desempeño, acoso y violencia. Importantes constitucionalistas aseguran que la medida cautelar es anticonstitucional. lunes 01 de septiembre de 2025 | 22:28hs. A través de una resolución judicial los hermanos Javier y Karina Milei lograron censurar la difusión de audios de la Secretaria General de la presidencia, que hayan sido grabados de forma clandestina dentro de la Casa Rosadas. La resolución fue firmada por el juez Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial, sobre quien pesan al menos nueve denuncias frente al Consejo de la Magistratura. Un grupo de constitucionalistas le salieron al cruce asegurando que la medida es anticonstitucional y viola pactos internacionales. La decisión del Magistrado fue calificada como un hecho de censura previa por todo el espectro periodístico del país, tanto entre los alineados al gobierno nacional como los opositores. Así, tanto periodistas como organizaciones del sector salieron a repudiar la medida y a denunciar que se está cercenando el derecho a la libertad de presan con esta medida. El Gobierno de Javier Milei busca con esto frenar la publicación de nuevos audios relacionados con las actividades de la Secretaria de la Presidencia de la Nación o incluso con aquellos que pudieran estar relacionados con una supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el circuito de distribución de medicamentos. Puntualmente, el fallo del juez Maraniello ordena el "cese de la difusión" de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación. "Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión", manifestó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X cuando comunicó la medida del juez. La ira de los hermanos presidenciales estalló la semana pasada cuando fue difundido un audio en el que se escucha Karina Milei arengando a funcionarios, en teoría en una reunión dentro de la Casa Rosada. Si bien los audios publicados hasta el momento no develan ningún delito, los relatos periodísticos aseguran que habría casi una hora de material que podría complicar a la hermana del Presidente. Censura Previa El titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires que hizo lugar parcialmente a la cautelar y frenó la difusión de los audios remarcó en sus argumentos que ello no implica una censura previa, en tanto se busca proteger "la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos" que surgiría de los audios. No obstante su opinión, hay constitucionalistas que tienen otra mirada. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo en diálogo con Infobae.com que la resolución “viola la libertad de opinión y de libre difusión de las ideas”. Según Sabsay, la medida judicial infringe el Pacto de San José de Costa Rica, tratado internacional que establece el derecho a expresar ideas sin censura previa. Además, argumentó que se daña el derecho de los periodistas a comunicar y preguntar a funcionarios, recalcando que tal prohibición no solo afecta a los profesionales de la prensa, sino también al público general. “Está claramente violando el derecho que tienen los periodistas de expresar libremente sus opiniones y de hacer preguntas, y eso no solo está violando su derecho, sino el de todos los habitantes para estar debidamente informados”, explicó el abogado. En la misma línea, Cristian Cao, también especialista en derecho constitucional, manifestó su inquietud por el rumbo tomado por el caso. En declaraciones al canal A24, describió la situación con el término “preocupante” y afirmó: “No tengo memoria en los últimos años de democracia en la Argentina de una medida judicial que censura previamente al periodismo, en primer lugar, y al resto de los ciudadanos”. Cao recordó que la prohibición de censura previa está incorporada a la Constitución Nacional desde 1853 y a los tratados internacionales firmados por Argentina. Según su análisis, la garantía del “secreto de la fuente” para periodistas queda cuestionada con este tipo de decisiones, al igual que el estándar de protección de la libertad de expresión que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, es de los más altos de la región. Félix Lonigro, docente y abogado constitucionalista, alertó, en la misma línea, que “la libertad de expresión es uno de los derechos que no son susceptible de ser reglamentado, no hay manera de la hacerlo sin censura previa”. Lonigro recordó el caso del recordado capocómico Tato Bores, quien sufrió un acto de censura previa. Luego añadió: “Los funcionarios tienen derecho a la intimidad pero cuando se trata de cuestiones privadas, no públicas. En este caso se trata de un presunto hecho de corrupción”. Por su parte, el abogado Andrés Gil Domínguez también se expresó en redes sociales respecto a la decisión de Marianello. En su cuenta de la plataforma X, Gil Domínguez cuestionó la legalidad y el sentido de la medida. “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos”, introdujo Gil Domínguez. Luego indicó: “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló estándares precisos en la materia. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística, afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho colectivo y sostén fundamental del sistema democrático”. Un juez denunciado Por otra parte, Maraniello enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Los expedientes contra Maraniello abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. En estos casos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, el hecho podría revestir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. El proceso disciplinario continúa con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez. De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Varios expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva y no tienen difusión pública.
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