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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/09/2025 23:05
El Coimasgate, conocido también como Karinagate, ha ocupado un lugar destacado en la agenda como un nuevo episodio de una serie de crisis no resueltas por el oficialismo: desde el Libragate hasta el fentanilo contaminado, sin olvidar la derrota legislativa en torno a la ley de emergencia en discapacidad. De acuerdo con el informe de Zuban Córdoba, la percepción general es que el gobierno de Javier Milei acumula conflictos sin resolver y reacciona con negación, ocultamiento y subestimación. La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto sobre 1.200 casos, revela que la credibilidad presidencial se encuentra gravemente deteriorada: un 62% opina que la reacción oficial fue improvisada. Además, 7 de cada 10 argentinos no confiarían ni en Karina Milei ni en los hermanos Menem, mientras que un 65% exige que los funcionarios implicados presenten su renuncia y se pongan a disposición de la justicia. El impacto trasciende lo político Un 61% considera que el escándalo tendrá repercusiones negativas en los mercados, y un 58% advierte que podría provocar una caída en la confianza de los inversores. Este dato es crucial en un contexto económico frágil, en el que cualquier crisis reputacional se traduce en inestabilidad financiera. La encuesta también indica una sangría electoral para el oficialismo: un 12% de quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 ya no lo volverían a elegir tras el escándalo, lo que se suma a un 13% que ya había decidido retirarle su apoyo antes de esta crisis. En un año electoral, incluso pequeñas fugas de votos pueden inclinar la balanza. En comparación, los argentinos consideran al Coimasgate más grave que el Libragate: un 45% lo señala como el escándalo de mayor relevancia, frente a un 22% que los equipara. Además, un 47% cree que el gobierno de Milei es más corrupto que las administraciones anteriores, mientras que apenas un 22% sostiene lo contrario. Imagen presidencial en picada El dato más contundente es la erosión estructural de la imagen presidencial. Dos de cada tres encuestados consideran que la reputación del Gobierno ha empeorado tras el caso, y más de la mitad (56%) está de acuerdo en que Milei debería ser sometido a juicio político. El Coimasgate se manifiesta, por lo tanto, no solo como un episodio más de desgaste, sino como una policrisis —en palabras del analista Mario Riorda— que combina incertidumbre política, riesgo judicial, daño reputacional y consecuencias económicas. Según el estudio: “algo se quiebra para siempre cuando un gobierno empieza a ser percibido como corrupto”.
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