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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 01/09/2025 16:30
Javier Milei y su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia (AP) “Quienes difundieron eso, le erraron. Hicieron una de más. Convirtieron todo el tema en una operación política”, reflexionaba ayer un importantísimo estratega de la Casa Rosada sobre la revelación de los dos audios de Karina Milei hacia el fin de la semana pasada. En esas palabras se reflejaba la próxima jugada política que iba a ejecutar el Gobierno para comenzar a marcar la cancha, correr el eje de la discusión y comenzar a instalar -a través de una denuncia judicial- la narrativa de que el Ejecutivo está siendo víctima de una “operación de inteligencia no institucional” y una “maniobra golpista”. Estos últimos dos conceptos fueron vertidos en la denuncia que esta tarde presentó el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich, a través de su representante legal, Fernando Soto. La denuncia cayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, quien investiga al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros. El documento solicita que se adopten “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, que dispongan “la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”. Además, el Ministerio pidió el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, donde se difundió la gran mayoría del material de las últimas dos semanas, así como a su dueño y a los periodistas que encabezaron la revelación de estos audios. Esta solicitud también llega al esposo de la diputada nacional Marcela Pagano, y el principal apuntado por el Gobierno de realizar la supuesta operatoria de inteligencia que llevó a las grabaciones de Diego Spagnuolo y Karina Milei. La denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, describe a los actores y a los hechos de los últimos días y la enmarca en una maniobra que, según el Gobierno, busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”. La denuncia en los juzgados federales fue presentado por el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich (Jaime Olivos) “Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”, escribe Soto en su denuncia, que a minutos de haberse conocido públicamente trascendió un fallo del juez Civil y Comercial Alejandro Marianello, que ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina en Casa Rosada. En el documento, el Ministerio sostiene que los hechos denunciados constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, y que lo ocurrido forma parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para influir en el proceso electoral. “La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, para provocar este efecto electoral otorga a la maniobra una gravedad inusitada”, advierte el Ministerio. La denuncia sostiene que la utilización impune de conversaciones privadas de Milei por parte de una “organización criminal” constituye “una injerencia sin precedentes en la vida política del país”. El escrito también denuncia operaciones de influencia indebida en procesos electorales a nivel internacional, aunque sin lograr conectarlo al caso concreto que se denuncia. No es menor el énfasis que el Gobierno hace al “momento estratégico” en el que se difunden los audios, coincidentes con el tramo más álgido de la campaña electoral previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y a la disputa que antecede a los comicios nacionales del 26 de octubre. Manuel Adorni estuvo a cargo de comunicar las denuncias del Gobierno Integrantes del Ejecutivo que lejos están de ser desmesurados con sus lecturas comenzaron a tener preocupaciones visibles con el efecto que esta crisis política puede surtirle a la gestión libertaria. “Siento que vamos a ser un punchimbol de acá hasta octubre. Si no nos va como queremos el domingo, ese efecto de crisis se espiraliza. Veo que nos queda lejísimo noviembre y que por ahora no tenemos piso donde tocar”, se sinceraba. En algunos despachos hablan de una tormenta perfecta. La oposición en el Congreso se encuentra envalentonada en su agenda de proyectos que el Gobierno no puede parar, a la vez que el programa económico comenzó a perder credibilidad ante los principales analistas financieros del mercado. El efecto visible de esta volatilidad se percibe en la tasa de interés, en el tipo de cambio (que salvo el Gobierno nadie prevé que se vaya a hacia el piso de la banda) y el porcentaje de encajes para contener el nivel de pesos en la economía. En la Casa Rosada tenían el dato de que al inicio de esta semana iban a salir programas dedicados a dos integrantes importantes de la gestión nacional. Uno con alta credibilidad ante la opinión pública y otro en una cartera determinante. “Quieren pegar donde más duele”, indicaba un funcionario que conocía ambos datos. Por esta misma cuestión pudo haberse acelerado la denuncia y las gestiones judiciales para que saliera la decisión de Marianello, que está acusado ante el Consejo de la Magistratura por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. Horas antes de que saliera la denuncia del Gobierno, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia tras recibir mensajes intimidatorios en la madrugada del 31 de agosto de 2025. Según el escrito, los mensajes provinieron de un número telefónico argentino registrado bajo el alias “Delirious-boy” en la aplicación Telegram. La legisladora solicitó la apertura de una investigación para identificar a los responsables y pidió medidas de protección para garantizar su seguridad personal. En su entorno aseguran que junto a su pareja no realizarán ninguna acción legal vinculada a la denuncia del Gobierno.
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