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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/09/2025 01:20
Las tensiones en Yemen volvieron a intensificarse este domingo, cuando fuerzas hutíes irrumpieron en instalaciones de Naciones Unidas en Saná y Hudeida, deteniendo a al menos once empleados y confiscando bienes de la organización. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, condenó lo sucedido. “Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU hoy en Saná y Hudeida… así como la entrada forzada en las instalaciones de la ONU y la incautación de bienes de la organización. Al menos 11 miembros del personal de la ONU fueron detenidos”, declaró, exigiendo la liberación de los trabajadores “de inmediato y sin condiciones”. El ataque más reciente tuvo como objetivo oficinas de varias agencias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que confirmó la detención de uno de sus miembros en Saná. Una portavoz de la entidad calificó la situación de “inaceptable” y advirtió que tales acciones ponen en peligro la capacidad de atender a millones de yemeníes en situación de inseguridad alimentaria. Otras agencias, como la OMS y UNICEF, también reportaron la desaparición forzada de parte de su personal. Este incidente no es un caso aislado. En los últimos dos años, la relación entre los hutíes y el sistema humanitario internacional se ha deteriorado drásticamente. De acuerdo con Human Rights Watch, hacia finales de 2024 al menos 17 empleados de Naciones Unidas y decenas de activistas de la sociedad civil fueron detenidos sin órdenes judiciales, incomunicados durante meses y en condiciones que vulneran estándares básicos de derechos humanos. Algunos de ellos siguen desaparecidos, lo que ha generado inquietud. La ONU ya había elevado el tono en junio de este año, cuando los responsables de varias agencias y organizaciones no gubernamentales exigieron en un comunicado conjunto la liberación de 23 trabajadores de la ONU y cinco de ONG internacionales, algunos de los cuales habían sido retenidos desde hacía más de doce meses. En ese mismo documento se confirmó la muerte bajo custodia de un miembro de la ONU y otro de Save the Children, lo que subrayó la gravedad de la situación en Yemen. La muerte de otro empleado del Programa Mundial de Alimentos en prisión, ocurrida hace algunas semanas, obligó a suspender operaciones humanitarias en gran parte del norte del país. Naciones Unidas denunció entonces la falta de explicaciones y exigió que los responsables rindieran cuentas. El nuevo episodio amenaza con paralizar lo poco que aún quedaba activo en materia de asistencia en zonas controladas por los hutíes. El gobierno de facto instalado en Saná no ha emitido comentarios oficiales sobre los arrestos, pero diplomáticos en la región señalan que la ofensiva contra el personal humanitario coincide con la creciente presión militar y política sobre los hutíes. Hace pocas semanas, un bombardeo israelí mató al primer ministro del grupo, Ahmed al-Rahawi, junto con varios ministros de su gabinete, lo que intensificó las tensiones en la capital y fomentó un clima de represalia contra actores extranjeros, incluida la ONU. Grundberg, un diplomático sueco con experiencia en procesos de paz complejos, fue designado como enviado especial en 2021. Ha liderado los intentos de mediación entre el movimiento hutí, respaldado por el régimen de Irán, y el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, apoyado por Arabia Saudita. Bajo su gestión, en 2023 se alcanzaron compromisos parciales hacia un cese al fuego. Sin embargo, los avances han quedado en suspenso mientras se multiplican las detenciones de personal humanitario. El conflicto en Yemen, que comenzó en 2014 tras la toma de Saná por los hutíes, se ha convertido en una guerra prolongada con graves consecuencias humanitarias. La ONU la califica como una de las peores crisis del planeta: más de 21 millones de personas dependen de asistencia humanitaria y alrededor de 17 millones enfrentan inseguridad alimentaria severa. La interferencia en el trabajo de las agencias internacionales agrava aún más ese escenario. Los ataques a la ONU también envían un mensaje político. Según analistas, los hutíes buscan reafirmar su control sobre el territorio y presionar a la comunidad internacional en un momento en que el conflicto regional, incluido el avance de Israel en Gaza y el papel de Irán en distintos frentes, repercute directamente sobre Yemen. La ONU ha advertido que el país no puede convertirse en “un campo de batalla para un conflicto geopolítico más amplio”. Mientras tanto, los familiares de los detenidos viven en medio de la incertidumbre y el miedo. Desde hace meses, abogados y parientes denuncian la falta de información sobre el paradero de algunos trabajadores, así como la negativa de los hutíes a permitir visitas o contacto telefónico. El personal humanitario que continúa en el terreno enfrenta una presión extrema. Varios organismos han ordenado limitar los desplazamientos y reducir operaciones en áreas sensibles, con el riesgo de que comunidades enteras queden sin asistencia básica.
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