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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 31/08/2025 21:29
Un fallo del Juzgado Federal de Dolores obliga al Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, a presentar en un plazo de cinco días hábiles el expediente completo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, mediante el cual el Gobierno argentino contrajo una deuda de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión responde a una acción de amparo impulsada por la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes denunciaron que el Ministerio incumplió la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275). Las organizaciones demandantes acusaron al Ministerio de Economía de intentar ocultar información relevante sobre el acuerdo con el FMI, recurriendo a maniobras burocráticas para evitar la entrega del expediente. Según el CELS, el equipo económico inicialmente tramitó el pedido de información bajo la ley mencionada, pero luego optó por derivarlo a un procedimiento administrativo más restrictivo, lo que vulnera el derecho humano fundamental al acceso a la información pública. El juez federal Martín Bava, en su resolución, subrayó que la información solicitada es de carácter público y pertenece al pueblo argentino, no al Estado. Por ello, ordenó al Ministerio de Economía y a la Agencia de Acceso a la Información Pública garantizar el acceso total al expediente administrativo EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC, incluyendo anexos y documentos relacionados con el crédito del FMI, en un plazo perentorio de cinco días hábiles desde la notificación. El fallo refuerza el principio de máxima divulgación, esencial en una sociedad democrática, según destacó el juez Bava. Este principio establece que toda información generada por el Estado es accesible, sin necesidad de que los ciudadanos acrediten un interés particular. La resolución pone de relieve la importancia del control ciudadano sobre decisiones estatales de alto impacto, como los acuerdos económicos con organismos internacionales. La sentencia representa un avance en la defensa del derecho a la información pública y un llamado de atención al Gobierno para que actúe con transparencia en la gestión de la deuda externa. El CELS y la CAIP celebraron la decisión, destacando que el acceso a esta información es crucial para garantizar el control democrático y comprender el alcance de las políticas económicas que afectan al país. Noticia vista: 300
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