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» Misionesopina
Fecha: 30/08/2025 18:20
El Gobierno provincial presentó un amparo en la Justicia Federal para frenar las auditorías irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivaron en miles de bajas. Legisladores y funcionarios advirtieron que se vulneran derechos básicos. En Misiones se desató un conflicto de alto impacto social: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió más de 10.000 pensiones no contributivas, dejando a miles de familias sin un ingreso fundamental. Frente a esta situación, el Gobierno provincial decidió presentar un amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de detener las auditorías que consideran “irregulares” y de frenar las bajas injustificadas. La Vicegobernación comunicó oficialmente que “recurrimos a la Justicia Federal para que se suspendan las auditorías irregulares de los beneficiarios de pensiones no contributivas de Misiones. Desde el mes de abril venimos alertando acerca del absoluto incumplimiento del proceso de auditorías por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad”. El texto subrayó que “se agotaron todas las instancias administrativas y de diálogo para rectificar un proceso viciado y lesivo para los titulares de pensiones”. “Por eso hoy acudimos a la Justicia Federal. Porque no vamos a permitir la vulneración del derecho de ningún misionero, y mucho menos, de quienes estén en situación de vulnerabilidad. Auditorías, sí. Atropellos, no”, remarcó el comunicado. Romero Spinelli: “Auditorías, sin vulnerar derechos” Durante la presentación de la cuarta edición de Explorando tus derechos, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli se refirió al tema y fue categórico: “En Misiones hace varios meses vemos muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de atención y no contributivo. Hemos detectado cientos de casos de intimaciones a presentarse que nunca llegan al domicilio, de lugares que no existen, de personas que no van a verificar cuando la gente está, y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse”. Spinelli aclaró que el Gobierno no se opone a los controles: “Estamos a favor de las auditorías, son necesarias, pero sin vulnerar los derechos de las personas que más nos necesitan”. Explicó que, tras más de tres meses de gestiones infructuosas, el Consejo Provincial de Discapacidad —a través de su coordinadora Tatiana Antúnez— presentó una acción de amparo solicitando “una medida de no innovar para que se vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente sus pensiones”. Procedimientos irregulares En declaraciones a Canal Doce, Antúnez reveló detalles de los cuestionamientos al proceso: “Estas auditorías iniciaron en marzo en Misiones, desde el día uno con procedimientos irregulares, algo que lo denunciamos en múltiples ocasiones ante la Agencia Nacional de Discapacidad. Una de las condiciones mínimas es que llegue la carta documento a sus domicilios, que las personas puedan comunicarse a correos y teléfonos que funcionen. Pero el correo [email protected] sigue colapsado y no pudimos garantizar una sola comunicación con la Agencia”. La funcionaria describió situaciones insólitas: “Esto sucedió en San Ignacio. Nos enteramos que las auditorías iban a realizarse en un hostel que no estaba en condiciones, lo reclamamos a la Agencia Nacional de Discapacidad, pero avanzaron igual. Hoy constatamos un nivel de irresponsabilidad enorme. Habían personas que eran militantes de la Libertad Avanza, contratadas para acompañar estas auditorías, que no revisaban documentación médica. Decían que no era una auditoría, que era una entrevista, y entregaban un papel que advertía que si no se presentaba la documentación médica en 30 días, podía suspenderse la pensión”. Más de 10.000 beneficios suspendidos De acuerdo con los registros, hasta julio se habían suspendido unas 5.700 pensiones en la provincia. Sin embargo, el número siguió creciendo y se estima que ya alcanza las 10.000. “El motivo que se indica es que las personas no se presentaron a la auditoría, pero lo que decimos es cómo se van a presentar si nunca les llegó la citación”, cuestionó Antúnez. En un escenario marcado por el ajuste nacional y la reducción de prestaciones sociales, el conflicto abrió un frente judicial y político en Misiones. El Gobierno provincial, con respaldo legislativo, se planta en defensa de los beneficiarios, mientras miles de familias esperan que la Justicia repare lo que consideran un atropello a derechos fundamentales.
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